Luciano Poyato, presidente de la PTS, junto con miembros de su delegación, expuso la necesidad de aumentar el número de beneficiarios del bono social eléctrico puesto en marcha en 2017 y ampliarlo a nuevos colectivos vulnerables.

Según el 'Informe Pobreza Energética en España 2018', elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 15% de la población estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en su vivienda o algún retraso en el pago de recibos, o ambos. Además, cerca de 900.000 personas, el equivalente al 2,3% de la población, sufrieron en 2016 la desconexión, voluntaria o forzosa, del suministro energético de su hogar.

Con este escenario, la Plataforma del Tercer Sector y la Secretaría de Estado de Energía coincidieron en que es necesario un trabajo conjunto a medio y largo plazo que garantice la eficacia del bono social con el objetivo de que llegue a las personas más vulnerables y que contribuya a paliar los problemas de sobreesfuerzo o incapacidad de pago con los que muchas personas afrontan la factura energética en nuestro país.

Para ello, se comprometieron a constituir un grupo de trabajo bilateral de forma inmediata en el que se analizasen propuestas y posibles actuaciones de mejora en la regulación y difusión del bono social eléctrico para ampliar el universo de personas y familias beneficiarias.