En la PNL se exige al Gobierno central que “actúe de forma que se reconozca al Estado como legítimo garante del derecho a la educación en toda España” y se considera que “se hace imprescindible que se pronuncie de forma inmediata para garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales dentro de su deber de salvaguardia y manifieste su compromiso de velar por el correcto funcionamiento de las leyes, evitando cualquier ataque a la legítima libertad de las familias a la hora de elegir el centro y modalidad educativa para sus hijos”.

Ossorio dijo que “el Gobierno debe de garantizar a las familias su libertad de elección de modelo o centro educativo y defender el derecho a la pluralidad de centros públicos, privados y concertados y poner fin a cualquier cuestionamiento que pretenda restar recursos o legitimidad a la educación concertada, que responde a las preferencias manifestadas por las familias".

El PP pide al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que dé “cumplimiento y aplique de forma efectiva la LOMCE en todo el territorio nacional, y en especial el artículo 109.2, que establece el principio de demanda social, por el que las administraciones públicas deben garantizar a los padres las plazas en centros concertados, si lo desean”.

Manifestó que “las familias que optan por un centro concertado, lo hacen con la indudable voluntad de que sea en ese colegio donde sus hijos realicen y completen sus estudios; sin incertidumbres, sin estigmas y sin agravios, y deben ser las administraciones públicas las que ofrezcan garantías para ello”.

A su juicio, “las familias que han optado por estos colegios concertados asisten con preocupación a un continuo ataque por parte de sectores minoritarios y hemos visto con preocupación también las manisfestaciones de la nueva ministra de Educación en esa misma dirección, lo que supone un ataque al derecho de las familias a elegir libremente el centro y modelo educativo que desean para sus hijos”.

“Las tesis de la ministra no están en consonancia con el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza ni con la LOMCE ni con las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la complementariedad de las dos redes, pública y concertada y han creado incertidumbre y desaliento en el sector educativo que representa el 26% del sistema educativo español”.

Explicó que la educación sostenida con fondos públicos en la Comunidad de Madrid “descansa sobre un concepto de educación plural, donde la educación pública, la concertada y la privada conviven en armonía para enriquecer y mejorar nuestro sistema educativo”.

Informó de que en este nuevo curso escolar 2028/2019, el 93,6% de las familias ha conseguido el colegio sostenido con fondos públicos elegido en primera opción. Añadió que el 54,1% de alumnos madrileños van a centros públicos y el 30% están escolarizados encentros concertados (364.558 alumnos) en los que trabajan 24.394 docentes.