Según recordó la institución este martes en una nota, el Defensor “lleva años recibiendo quejas de padres y madres de menores españoles que no pueden volver a solicitar arraigo familiar pese a contar con informes de integración”.

“Al Defensor le preocupa especialmente la situación en la que pueden acabar niños y niñas españoles al quedar sus padres y madres en situación de irregularidad sobrevenida. Estas personas, al no poder renovar su residencia, no pueden trabajar ni acceder a ayudas sociales, por lo que los menores a su cargo pueden terminar en riesgo de exclusión social”, denunció.

Este problema ha sido planteado por la Institución sin éxito en numerosas ocasiones. Ya en 2014 formuló dos recomendaciones para que se impartieran instrucciones a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a fin de que se concediera la renovación cuando los titulares de tarjetas obtenidas por arraigo familiar no reunieran los requisitos necesarios para modificar su situación a la de residencia y trabajo y para que se regulara de manera expresa esta situación cuando se modificara el reglamento de extranjería.

Estas recomendaciones no fueron aceptadas y en mayo de 2018 se formularon nuevas resoluciones que ahora han sido trasladadas a la nueva secretaria de Estado de Migraciones.

Por todo ello, para el Defensor, “es necesario abordar este problema de forma definitiva estableciendo el derecho de las madres y padres de menores españoles a obtener una autorización de residencia y trabajo por razón de su vínculo, siempre que cumplan sus deberes paternofiliales”. La recomendación, prosigue la oficina de Fernández Marugán, también se refiere a los hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.