Durante el debate de totalidad, la senadora ‘popular’ Cristina Casanova, portavoz de Políticas Integrales de Discapacidad del grupo parlamentario, criticó que el texto inicial, “como nos tiene acostumbrado el Gobierno, no resuelve los problemas que dicen querer resolver”, convencida de que “los derechos sin financiación es hipocresía social”.

En conjunto, el PP ha presentado 45 enmiendas para que esta ley realmente “sea útil, garantista y ajustada a la realidad de las necesidades de las personas con discapacidad y dependencia”.

La senadora señaló que su grupo introduce en el texto a su paso por la Cámara Alta la defensa del medio rural y aboga por garantizar los derechos económicos “cuando se pretende equiparar la dependencia y la discapacidad asegurando el reconocimiento a los efectos tributarios”.

Además, en materia de dependencia, “deja muy clara” la financiación 50-50 del sistema, “asegurando que el Gobierno cumpla con su obligación” y refuerza la atención temprana con “mayor coordinación” entre el sistema sanitario, educativo y social, entre otras medidas en materia de accesibilidad, educación o justicia.

Desde Sumar, Carla Delgado criticó que el PP haya aplicado su “rodillo” para introducir novedades en el texto de una nueva ley que “cambia el sistema de cuidados de este país” y “reconoce por fin el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciben”.

“Facilita la accesibilidad para los portales inaccesibles, las personas que cuidan no tienen que devolver absolutamente nada y quien espere una plaza recibirá ayuda en su domicilio mientras esta llega sin perder el turno”, abundó, al tiempo que señaló que con ella también “se acaban los recortes del año 2012” del PP, incluyendo la incompatibilidad de prestaciones y servicios.

Además, la financiación estatal del 50% del sistema pasa a ser “una obligación legal” y a su entender, “la teleasistencia deja de depender del código postal” y se obliga al Ejecutivo a llevar a las Cortes en un plazo de 12 meses una ley de “reconocimiento, reparación e indemnización” a las víctimas de la esterilización forzada.

ENMIENDAS

Ya en el debate de enmiendas, desde el PSOE, María del Lirio Martín aseveró que la ley “reconoce derechos, pero sobre todo garantiza la calidad de vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, pero también de sus familias y de las personas cuidadoras”.

A este respecto, afirmó que, con esta ley, una persona con discapacidad podrá disponer productos de apoyo a través de fórmulas como el préstamo o la cesión temporal y una familia que cuida podrá encontrarse también con un sistema “más flexible y adaptado a las necesidades de sus cuidados”.

Por Vox, que presentó un total de 20 enmiendas, Javier Valentín Alonso explicó que buscan mejorar la claridad y neutralidad de la norma, garantizar la igualdad entre españoles, defender la primacía nacional, asegurar la continuidad de los derechos de las personas dependientes y evitar estructuras administrativas innecesarias.

Por su parte, Mari Carmen da Silva, del BNG, resumió las enmiendas del grupo parlamentario de Izquierda por la Independencia en la necesidad de garantizar la normativa en materia de accesibilidad en el ámbito laboral, introducir el diseño universal en los edificios residenciales, favorecer el reconocimiento de los derechos y prestaciones para las personas cuidadoras no profesionales y la evaluación del sistema de ayuda a domicilio y gestión de este servicio de forma independiente.

Desde Junts, que presentó 40 enmiendas sobre la urgencia de reordenar y mejorar la prestación CUME, eliminar el copago o una reducción del IVA en productos para la ayuda y soporte a la dependencia, Francesc Xavier Ten aseveró que su “objetivo” es aprobar una ley que “extienda y refuerce los derechos a la inclusión, autonomía y accesibilidad universal” de estas personas y sus familias.

A su vez la senadora Olaia Duarte, de Bildu, que presentó 15 enmiendas, propuso la tramitación con urgencia y con la prescripción profesional de las valoraciones de dependencia que “no pueden esperar a los procesos burocráticos ordinarios” y llamó a eliminar la privatización de servicios y plazas en centros residenciales e incluir la compatibilidad de todos los servicios de la dependencia y el cuidado de las cuidadoras o a la exención completa del copago.

Por el PNV, que presentó 13 enmiendas, Nerea Ahedo reivindicó la implementación de medidas de protección para las cuidadoras principales y para la atención integral y el reconocimiento específico a personas afectadas por polio, por efectos tardíos de la polio y por el síndrome pospolio y otras referidas a las víctimas del amianto, entre otras.

TURNO DE PORTAVOCES

Es el turno de portavoces, por el grupo parlamentario popular, el portavoz de Derechos Sociales, Bienvenido de Arriba, aseguró que su formación dice “sí a consolidar y fortalecer nuestro Estado del bienestar, a proteger los derechos de todos los españoles y a que puedan ejercerse con total plenitud” y preguntó al Gobierno “quién va a pagar esta reforma, de dónde van a salir los recursos para financiarla y qué garantías tenemos de que se podrá sostener en el tiempo”.

“Se presentan en esta cámara como los mayores defensores de la dependencia, cuando hasta hoy no han tenido reparo alguno en incumplir la ley”, apostilló, consciente de que “los derechos sociales no se garantizan publicándolos en el BOE”, sino “con leyes que se cumplen, con presupuestos que se aprueban y con una financiación estable”.

Por el PSOE, Marta Arocha aseguró que esta es “una reforma de país” construida con el “empuje” de las organizaciones sociales y preguntó al PP “cómo se atreven a decir que esta reforma viene sin financiación y que hoy las comunidades autónomas reciben menos financiación”, algo que tildó de “rotundamente falso”.

Desde Sumar, Carla Delgado reivindicó que los derechos que consigna la nueva ley “son comparables con lo que ocurrió en el siglo XX, con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo” y tildó de “vergüenza” que el PP se abstuviese en el Congreso “en la mayor reforma social de este siglo”.

Por Vox, Javier Valentín Alonso advirtió de que la dependencia “es demasiado seria como para convertirla en otro laboratorio ideológico” y recordó que las familias “necesitan que la valoración y la prestación llegue a tiempo y que la ayuda sea suficiente” y que la administración “responda cuando se necesita”.

Junto a ello, la senadora María del Mar Caballero, de UPN, afirmó que la reforma supone “un avance claro respecto de las leyes anteriores” si bien llamó a “seguir trabajando” para mejorar el texto; por el PNV, Nerea Ahedo recordó que la ley de dependencia “hace 20 años ya nació con una clara invasión competencial y sin memoria económica” y denunció que ahora “se amplía sin haber cumplido con la anterior”.

Por Junts, el senador Francesc Xavier Ten afirmó que se trata de una “ley trascendental” y aseveró que la de 2006 “no ha sido una buena ley” y la calificó como “ley de escaparate” y, en la misma línea, por ERC, Josep Maria Reniu afirmó que al Estado se le “debería caer la cara de vergüenza” por no aportar el 50% a la financiación del sistema que se caracteriza por “listas de espera crónicas, interminables” y el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, mostró su “apoyo” a un proyecto de ley que, admitió, “puede suponer un avance importante en la forma en la que nuestro país entiende los cuidados” pero exigió una financiación “estable y suficiente”.