El anuncio de esta propuesta de una rápida reforma de la Carta Magna la hizo Sánchez en un acto convocado por el Ejecutivo en la Casa América de Madrid para conmemorar los 100 días que llevan al frente del Ejecutivo, en el que se convocaron todos los miembros de su Gabinete menos la titular de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Energética, Teresa Ribera.

En un acto ante más de 300 personas, desde empresarios de grandes multinacionales hasta figuras destacadas del cine o la literatura, Sánchez insistió en el “cambio de época” que se produjo en España con la moción de censura que le llevó al Gobierno porque supuso que España “se reforzaba desde sus instituciones y siempre dentro del marco constitucional”.

Sánchez indicó que “si todos actuamos con altura de miras”, ese cambio para reducir los aforamientos en España “entrará en vigor en 60 días”. Además, aseguró que “estamos ante un cambio de época” y que toca “atender los deseos de una sociedad que demanda igualdad entre los ciudadanos y su representantes”.

Desde el Ejecutivo se quería destacar este anuncio y así avisaron previamente a los periodistas de que el presidente del Gobierno, en el acto 'Avanzamos', haría un anuncio importante. Sánchez, duranta un largo discurso sobre lo realizado y lo que resta por hacer, anunció la medida, en la que espera contar con el respaldo del conjunto de la Cámara para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política y ofrecerles “una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía”.

DIPUTADOS Y SENADORES

Según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, esta medida supondría la supresión de los aforamientos incluidos en la Constitución, es decir, la de diputados y senadores, y miembros del Ejecutivo. En cambio, no afectaría a jueces ni fiscales ni miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a la Familia Real.

El Gobierno quiere debatir esta propuesta en el Consejo de Ministros de este viernes de manera que se pueda aprobar un informe que sea remitido al Consejo de Estado y al Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Los artículos a reformar serían el 71, en el que se dice que diputados y senadores gozarán de “inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones” y que sus causas será “competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". También habría que retocar el artículo 102, que establece que “la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

La supresión de los aforamientos afectaría a los cargos públicos y a aquellos supuestos delitos que no cometieran en el ejercicio de su cargo.

Respecto a los aforamientos de los parlamentarios autonómicos, desde el Gobierno aseguran que sería una cuestión que iría “en cascada” una vez que se aprobase la reforma de la Constitución, pero que no se plantearía expresamente en la propuesta del Ejecutivo.

Con los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, el Gobierno volvería a abordar en un Consejo de Ministros esta medida que sería tramitada en el Congreso por el PSOE y con el mayor consenso posible.

De hecho, fuentes del Ejecutivo reconocieron que su propuesta será de máximos pero que están dispuestos a negociar -todavía no han hablado con otros partidos- para que la reforma pueda salir con el mayor consenso posible.

PABLO CASADO

Desde el Gobierno explicaron que se podría incluir en la reforma una disposición adicional transitoria en la que se afirmase que esta medida afecta a los procedimientos que se encuentren en curso.

Al menos así respondieron fuentes de La Moncloa sobre si esta reforma afectaría al presidente del PP y diputado por Ávila, Pablo Casado, que actualmente está inmerso en esta situación por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

El caso está siendo investigado por una jueza de instrucción ordinaria de Madrid, que ha remitido la causa que afecta a Casado al Tribunal Supremo al tratarse de un diputado nacional y, en consecuencia, disponer de la condición de aforado.

En este sentido, las fuentes consultadas en el Gobierno precisaron que Casado perdería su aforamiento si la reforma, con esa disposición, entrase en vigor antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si investiga -o no- al líder del Partido Popular.