“Reclamo que hagan todo lo posible para que en adelante se garantice y se proteja la integridad de los niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como la implementación de ‘la tolerancia cero’ a la que repetidas veces alude el Papa Francisco”, dijo en un comunicado.

El documento relata el proceso que ha seguido el caso en la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede después de que el propio obispo presentase una denuncia en febrero de 2017 tras entrevistarse con un exalumno del colegio.

“La Congregación ha notificado la imposición de la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga. Pasados los diez años, el sacerdote podrá volver a la diócesis para residir en la Casa Sacerdotal y sólo podrá celebrar la eucaristía fuera de la Casa con la autorización del Ordinario”, explicó el prelado en su nota.

Menéndez, que mostró su “firme condena” a este tipo de abusos, afirmó haber informado “personalmente” de la decisión vaticana tanto al sacerdote como a la víctima, a quien mostró su dolor “por la gravedad del delito cometido” y pidió perdón “en nombre de toda la comunidad diocesana”.