Así lo confirmó el secretario general del PP, Teodoro García Egea, después de que este martes el PSOE usase una enmienda a la Ley contra la Violencia de Género sobre formación de jueces para acelerar el trámite de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, de esta forma, poder arrebatar al Senado su capacidad de vetar la senda de déficit.

“Sánchez quiere pasar por encima de todo, pero lo que no va a hacer es pasar por encima de todos los españoles”, advirtió García Egea, para acto seguido anunciar una ofensiva parlamentaria para evitar que el jefe del Ejecutivo “se ría de todos los españoles”. “Ya tenía cara de Zapatero y ahora se le está poniendo cara de Maduro”, denunció.

En palabras del ‘número dos’ de Pablo Casado, resulta “inaceptable” que Sánchez use el pacto “de todos” contra la violencia de género para seguir “atornillándose” en el sillón de La Moncloa. Así, aseguró que el PP utilizará “todos los medios parlamentarios” a su alcance para intentar parar esta estratagema.

Igualmente, el Grupo Parlamentario Popular pedirá “ayuda” a los socios que votaron a Sánchez en la moción de censura para intentar que se sumen a su “ofensiva”. En este sentido, fuentes de la dirección nacional explicaron que actuarán contra esta “salvajada antijurídica” pidiendo amparo a la Mesa de la Comisión de Justicia y posteriormente a la Mesa del Congreso de los Diputados.

Según las fuentes consultadas, lo hará en base al artículo 31.4 del Reglamento de la Cámara Baja para que intentar que no se admita a trámite la enmienda presentada “por constituir un fraude al procedimiento legislativo y una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución”, que entre otras cosas incluye el derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo “en condiciones de igualdad y legalidad”.

GRAVEDAD EXTREMA

Desde Génova inciden en que es de una “gravedad extrema” para la democracia que el Gobierno quiera “anular” las competencias del Senado a través de “esta argucia” con la que creen que no hace más que demostrar su “extrema debilidad parlamentaria y su falta de respeto a las reglas del juego democrático”.

Para el PP, presentar una enmienda que reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de la ley que se está tramitando en el marco del Pacto contra la Violencia de Género es “un fraude en toda regla” a los procedimientos parlamentarios.

Dichas fuentes de la dirección popular apelan a la “doctrina” que en este sentido ha sentado el Tribunal Constitucional desde 2011, con hasta seis sentencias que dicen que no se podría introducir una enmienda en una ley cuando “nada tiene que ver” con esa norma. “Para nosotros es una línea roja”, subrayan.

Por ello, esperan encontrar el amparo en la Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por la popular Ana Pastor. Según fuentes parlamentarias, este órgano podría solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara para que se pronuncie a este respecto. Los populares creen que aquí se podría decidir paralizar la “trampa” que ha hecho el PSOE.

En última instancia, y para evitar “esta estrategia suicida”, el PP amenaza con acudir al Tribunal Constitucional y creen que “sin duda lo tiraría”. En todo caso, las fuentes consultadas admiten que al final será el detalle del informe de los letrados del Congreso el que determine si se puede parar a corto plazo el recurso empleado por el PSOE para impedir el veto del Senado.