El ministerio público considera que abrir una causa penal en esta situación “sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados”.

La Fiscalía tampoco encuentra en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria, al menos en relación con el aforado, la existencia de un concierto previo de Enrique Álvarez Conde, director del instituto en el que cursó su máster, con lo que se denomina en la exposición razonada “un grupo de alumnos escogidos” para matricularse en el máster.

En relación con el cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, el fiscal considera que la pena señalada por este delito implicaría la ineludible prescripción del mismo, y sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa, y se admitiera la participación del aforado en régimen de cooperación necesaria, cuestión que se rechaza en el informe.

El escrito del fiscal recuerda los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos para justificar la apertura de un procedimiento penal en esta instancia, y tras analizar la exposición razonada, concluye que carece del sustrato necesario como para que pueda ser tenida en cuenta por el Alto Tribunal.