Este nuevo acuerdo marco, que sustituirá al anterior de 2013, tendrá un plazo de duración de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años.

El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades del sector público estatal, autonómico y local que formalicen su adhesión específica al acuerdo.

En cuanto a los criterios de valoración para su concesión, Hacienda ha introducido novedades respecto al contrato anterior con la finalidad de adecuarse al nuevo enfoque introducido por la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, se introducen criterios de valoración de naturaleza social y medioambiental tales como que la empresa oferente esté inscrita en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, o que disponga de un programa de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Otro criterio a tener en cuenta será que la empresa oferente esté inscrita en el registro de las empresas con distintivo ‘Igualdad en la empresa’.

SERVICIOS POSTALES

Por otro lado, el Consejo de Ministros también autorizó la celebración de un contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de carta certificada y ordinaria, envíos publicitarios y franqueo en destino para los Ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y organismos del sector público estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria.

En este caso el presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, en función de los envíos estimados para el periodo asciende a 32 millones. El plazo de vigencia del nuevo contrato de notificaciones será de doce meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de enero de 2019 y podrá ser prorrogado una o varias veces antes de la finalización del mismo, por un plazo máximo total de otros doce mes meses.

La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, valorándose varios criterios además del precio. Dichos criterios se refieren a aspectos relacionados con la calidad del servicio, aspectos relativos al menor impacto ambiental en su prestación y, por último, cuestiones relativas a planes de igualdad y conciliación.