La Mesa de la Cámara Baja ha decidido retirar esta enmienda que admitió a trámite la Mesa de la Comisión de Justicia, que preside la socialista Isabel Rodríguez, el pasado jueves. La Mesa del Congreso, que preside la popular Ana Pastor, ha ‘tumbado’ esta enmienda al analizar dos recursos de amparo presentados por el PP y Ciudadanos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia.

La enmienda que presentó el PSOE a la ley de violencia de género pretendía modificar el articulado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para suprimir la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de déficit de las cuentas públicas, en los que se basa el Gobierno para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

EXPLICACIONES DE PASTOR

Pastor decidió comparecer ante los periodistas dada la “relevancia del asunto”, según afirmó ella misma, para explicar la decisión adoptada por la Mesa del Congreso con la mayoría de PP y Cs y tras el “debate intenso” que, según fuentes consultadas, se produjo entre los miembros de este órgano. Desde PSOE y Podemos se denuncia que no se ha admitido la petición de informe a los letrados y que se ha tomado la decisión sin escucharles.

Pastor explicó que son dos los motivos que han llevado a decidir que la enmienda del PSOE sea inadmitida. Tras “estudiar detenidamente” esta “situación inédita”, dijo que el primero de los motivos es que existe el trámite de la reforma de una ley “por duplicado”, lo cual, indicó, abre la posibilidad de resultado contradictorio, generando "inseguridad jurídica” que la Mesa esta “obligada de evitar”.

Y, en segundo lugar, que “el Tribunal Constitucional confirma la plena competencia de la Mesa para garantizar la necesaria homogeneidad y congruencia de las enmiendas con la iniciativa legislativa que se pretender modificar”.

La presidenta puntualizó que “el criterio de la Mesa es siempre atender y cumplir las sentencias del Constitucional” y mencionó varios fallos de este tribunal para justificar la decisión adoptada.

Además, la dirigente popular afirmó que como presidenta “actúa siempre con objetividad, conforme a la legalidad con el ámbito de la Constitución Española y siempre conforme a Derecho”.

“Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad; no sé si a otros, pero a mí desde luego las amenazas nunca me moverán del cumplimiento de mis obligaciones como presidenta, y éste les recuerdo es un acuerdo de la Mesa de la que forma parte la presidenta”, remachó.