Según un auto conocido este viernes, el Supremo no ve elementos consistentes de que Casado pudiera haber presuntamente cometido los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que apuntaba como posibles la juez madrileña que lleva el caso de los másteres de la URJC, Carmen Rodríguez-Medel.

La Sala de lo Penal asume el criterio del fiscal y concluye que no concurre el concierto de voluntades previo o simultáneo que requiere el delito de prevaricación administrativa.

En el auto, se explica que la cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige, de un lado, un concierto de voluntades con el autor, que puede ser previo o, cuando menos, simultáneo al acto prevaricador, y, de otro lado, una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación. En tercer lugar, indica que el cooperador tiene que actuar con un doble dolo: conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito.