Varias fuentes apuntan a una posible reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para cerrar los últimos flecos. Pero oficialmente ninguna de las partes confirman ni desmienten este encuentro. Es más, desde Podemos quisieron avisar de que, de producirse, sólo informarían “a posteriori”.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, afirmó en Onda Cero que "estamos terminando un acuerdo con Podemos". "Vamos avanzando bastante bien ahora en la tarde hay otra reunión y estamos encontrando un espacio".

Otro miembro del Gobierno afirmó este mediodía que el acuerdo sobre los PGE con Podemos “estaba en el canal parto”. Siguiendo el símil, fuentes consultadas socialistas apuntaron a última hora de la tarde que ya se estaba “con contracciones”.

Podemos rebajó el pasado lunes el "optimismo" de la semana anterior señalando el secretario de Organización, Pablo Echenique, que en ese momento estaban en el "no", tras comprobar que el Ejecutivo no se comprometía por escrito a lo que habían dejado entrever de palabra. El secretario general, Pablo Iglesias, declaró ayer, martes, por la tarde que el Gobierno tenía que "ceder" a buena parte de sus demandas si querían el apoyo de su grupo parlamentario.

Horas antes, desde Unidos Podemos remitieron al Gobierno un documento al que tuvo acceso esta agencia en el que denunciaban que "las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas".

En ese documento, una especie de segunda versión del que el partido presentó el 24 de septiembre para negociar con el Gobierno y con el título 'Presupuestos con la gente dentro', detallaban en 20 apartados sus propuestas subrayando en rojo al final de cada uno de ellos su coste económico. El precio del alquiler, el de la luz, el salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones, la dependencia y la "justicia fiscal" han sido los aspectos en los que mayor énfasis han puesto desde la formación.

MEDIDAS FISCALES

Buena parte de las negociaciones entre Gobierno y Unidos Podemos han estado centradas en el paquete de medidas fiscales a incluir en las cuentas públicas de 2019, con las que, según ha venido indicando en los últimos meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quieren aumentar la recaudación para permitir un mayor gasto en servicios públicos como sanidad, educación, dependencia, acceso a la vivienda o pensiones.

Entre las medidas que las dos partes ya han acordado y que han sido anunciadas gradualmente por la ministra de Hacienda en las últimas semanas, se encuentra el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras cuya recaudación irá destinada íntegramente a financiar a la Seguridad Social; otro, del 3%, a las grandes empresas tecnológicas; la reducción del IVA de los artículos de higiene femenina del actual 10% al 4%; y la subida del impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina.

Otro impuesto que desde el principio de las negociaciones ha estado encima de la mesa ha sido el IRPF, sobre el que aún no se había llegado a un acuerdo aunque sí había consenso en crear un nuevo tramo impositivo para gravar más, en concreto cuatro puntos adicionales, a las grandes fortunas. En concreto, la intención del Gobierno es establecer dicho tramo a partir de los 140.000 euros anuales, mientras que Podemos prefería fijarlo en una cuantía menor y crear más tramos por arriba. En este sentido, en la última semana se ha estudiado la posibilidad de fijar el tramo a partir de los 140.000 euros y crear otro, previsiblemente a partir de los 300.000 euros, para hacer la subida más progresiva.

La fecha límite marcada por ambas partes para cerrar el acuerdo es el próximo lunes 15 de octubre, cuando termina el plazo para que el Gobierno remita a la Comisión Europea su plan presupuestario de 2019, un documento que, si bien se puede modificar más adelante, servirá de esbozo para reflejar las líneas maestras del proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo pretende presentar a finales de noviembre o principios de diciembre en el Congreso de los Diputados.

Este documento será la base sobre la que el Gobierno continúe las negociaciones con el resto de formaciones que apoyaron la moción de censura que dio a Pedro Sánchez acceso a La Moncloa, por lo que previsiblemente se verá modificado por los acuerdos a los que el Ejecutivo llegue con formaciones como PNV, PDECat o ERC.

La intención del Gobierno es sacar adelante los Presupuestos sobre el supuesto de que antes consiga aprobar la nueva senda de déficit, que está a la espera de reformar la Ley de Estabilidad para quitar al Senado su capacidad de veto, que relaja el objetivo de déficit de 2019 del 1,8% fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy a un 2,3%, un gasto adicional de 6.000 millones de euros. De lo contrario, las cuentas públicas de 2019 tendrían que elaborarse en base a los objetivos de deuda y déficit que dejó establecido el Ejecutivo del PP.