La proposición no de ley con la que evocaba la creación de una entidad asimilable a las antiguas cajas de ahorros, desprovistas de accionistas privados y bajo el argumento de favorecer el crédito a capas desfavorecidas y pymes, no prosperó tras desestimar Unidos Podemos una enmienda del PSOE para reforzar el ICO.

La coalición liderada por Pablo Iglesias buscaba mandatar desde el Congreso al Gobierno a dar pasos en favor de la constitución de “un polo público bancario sobre la base de BFA-Bankia, al que debería sumarse el ICO”. Conforme a su planteamiento, arrancaría con la prioridad de “financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos”, proyectos empresariales en favor de las pymes, enfocado a generar empleo y con servicios financieros particulares para “sujetos económicos excluidos del sistema financiero”.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Unimos Podemos Manuel Monereo Pérez fue el encargado de defender la iniciativa. En su exposición lo justificó para paliar la excesiva concentración bancaria tras la reconversión del sector y mantener un sistema público “capaz de intervenir en el mercado” para impulsar territorialmente el futuro del país, organizar la innovación y que contribuya a cambiar el modelo productivo. Se trata, abundó Monereo, de “poner fin al poder omnímodo de una minoría que controla nuestras vidas y los arruina el futuro”, evitando que potenciales crisis vuelvan a derivarse en “sufrimiento social”.

Desde el PSOE, José Javier Lasarte calificó su discurso de “alarmista y tremendista” con afirmaciones “inexactas”. El diputado socialista defendió la existencia de una banca pública, gracias al ICO como banca de inversión y Bankia, hoy en proceso de desinversión. Afeó al partido de elaborar la conclusión “muy poco rigurosa” de que solo con la fusión de Bankia-BMN e ICO se conseguirá cambiar el modelo productivo de la economía, y en el caso específico de Bankia defendió que lo que toca hacer es reforzarla y “no debilitarla” con ventas precipitadas, con mensajes que “dañan la acción” o con planteamientos ideológicos que podrían debilitar su situación financiera.

El PSOE ofertó modificar su propuesta con una enmienda que mandatase al Gobierno para potenciar los recursos del ICO, analizar los posibles fallos que pudieran existir en el sistema financiero e introducir medidas para evitar la exclusión financiera de colectivos con dificultades de acceso al crédito, aunque no salió adelante.

Uno de los grupos más beligerantes contra la iniciativa fue Ciudadanos. Su diputado Antonio Roldán reprochó a Podemos querer instaurar un sistema equiparable al culpable de la crisis financiera que se llevó por delante a muchas cajas de ahorros por gestión política y no ortodoxa. “¿Qué quiere? ¿otros aeropuertos vacíos? ¿otras series de esculturas faraónicas? ¿elefantes blancos por toda España otra vez? ¿acabar de arruinar a los españoles que no se hayan arruinado todavía?”, le interrogó, en alusión a los excesos políticos de las antiguas cajas de ahorros. Roldán negó que las ayudas fuesen a los bancos, sino a cajas “ultrapolitizadas y colonizadas por señores” que se “tomaban las finanzas como un juego político”. “Queremos que la banca funcione, que sea competitiva y preste. No queremos a políticos gestionando el crédito”, insistió.

En el PP, Ramón Aguirre coincidió con que las ayudas han ido a cajas al borde de la quiebra y no a la banca privada, que cayeron precisamente por su mala gobernanza y una política de riesgos que no estaba vinculada a la realidad económica. El diputado popular negó la tesis de que el crédito se haya reducido por la concentración del sector, sino por la fuerte carga regulatoria y exigencias de solvencia y saneamientos que hoy soportan las entidades. Por otro lado, respondió a Podemos que cualquier banca pública que se crease tendría que tener de forma obligatoria accionistas y no instituciones públicas como en el pasado, con gestores profesionales y “despolitizados” y cumplir con los mismos requerimientos regulatorios que el sector privado.

El Gobierno ha frenado la privatización de Bankia, donde el Estado controla un 61% del capital ante la coyuntura bursátil, pero el compromiso con Bruselas es completarla buscando maximizar la recuperación de ayudas. La fecha límite para relevar al Estado en el accionariado vence con el fin de 2019, aunque el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha admitido que entre las líneas de actuación figura la posibilidad de prorrogar el plazo.

La nacionalización de Bankia no está en agenda del Ejecutivo presionado además por la Comisión Europea para que complete la privatización, es algo desaconsejado por la banca y hasta por la propia entidad “La banca pública, a través de un banco comercial como Bankia y como instrumento de política económica y social es una muy mala decisión para los contribuyentes y un despropósito”, reiteró el pasado mes de junio su presidente José Ignacio Goirigolzarri durante su intervención en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso.

El partido que lidera Iglesias evocó en favor de su propuesta el caudal de ayudas públicas inyectadas, y perdidas, en el sector financiero. Según datos del Banco de España aportados por Podemos, las entidades percibieron 74.495 millones entre 2009 y 2016, de los que tan solo se han recuperado 4.546 millones. Los diputados le reprocharon que vuelva a formular la propuesta despues de haber fracaso en, al menos, otros dos intentos anteriores con formulación de proyectos al Congreso.