También se pide que "se actualice de urgencia el sistema de información contenido en el protocolo marco de 2014 para menores extranjeros no acompañados". En la exposición de motivos de la iniciativa, Ossorio expone que “en los últimos meses, el fenómeno de los migrantes menores de edad no acompañados en España, lejos de ser una situación puntual, ha alcanzado una dimensión sin precedentes por el extraordinario número de llegadas, afectando a la atención que se les presta por parte de las comunidades y ciudades autónomas”.

Asimismo, señala que, según los últimos facilitados por el Gobierno central, la llegada a España de menores extranjeros no acompañados se ha incrementado en 4.760 desde diciembre de 2017, hasta alcanzar los 11.174” y se destaca que ”esta situación ha supuesto un incremento en las previsiones del propio Gobierno de España en un 78,94%, como reconoció la actual ministra en su última comparecencia ante la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado”.

“Cabe resaltar, que los datos facilitados por la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional, que son en los que se basa la Comunidad de Madrid, especifican que, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, la Comunidad de Madrid ha acogido a 846 menores no acompañados”, según los autores de la iniciativa,

Tras recordar que el Gobierno central anunció que destinaría 40 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados que han llegado a España, afirman que la Comunidad de Madrid presentó una petición expresa para que fueran compensados, como así han efectuado otras comunidades autónomas, el incremento de costes del sistema de infancia autonómico.

“Los criterios de reparto de dicha cantidad establecidos al efecto, perjudican gravemente la labor que desempeña la Administración de la Comunidad de Madrid en la atención de estos menores extranjeros no acompañados, al establecer una distribución de fondos basada en datos no actualizados y que no reconocen la situación de punto de referencia de la Comunidad de Madrid, así como la realidad de la movilidad de estos menores por todo el territorio nacional, lo que ha tenido como resultado que la Comunidad de Madrid reciba cero euros para la atención de estos menores”, según aparece en la citada PNL