En el ministerio de Economía y Empresa reconocieron el temor a que el retraso en la incorporación de la ley al ordenamiento jurídico español, que debía haberse completado el 3 de julio del pasado año, plantee un riesgo de “garantía jurídica” para la industria si no se completa.

El riesgo sería si un contexto así abona el campo a que las firmas con necesidades de jugar con las mismas reglas de sus rivales comunitarios salgan fuera e, incluso, los ahorradores encuentren incentivos a elegir proveedores del servicio extranjeras buscando la mayor protección que la nueva norma implantará. .

El Gobierno quiere completar la aprobación de la directiva “antes de diciembre”, refirieron las mismas fuentes. Precisamente, el Congreso de los Diputados allanó hoy el camino con la aprobación de su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia, con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario liderado por el PP y Ciudadanos.

El Ejecutivo se ha comprometido a tramitarlo como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios introducir enmiendas. Durante la defensa del texto convalidado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño urgió el respaldo para mejorar las garantías para los inversores, dar precisamente esa “seguridad y certidumbre” a las firmas de inversión y evitar la sanción de la Unión Europea por su retraso en la transposición.

La futura regulación busca proteger al inversor con medidas como elevar del deber de información a los inversores y ahorradores, regulando los conflictos de intereses de las firmas de servicios de inversión, y facultando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para supervisar su operativa e intervenir en caso de incumplimiento.