“Está claro que hay discrepancias manifiestas entre las sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo civil. Hay que suponer que son jurídicas, pero también lo pueden ser ideológicas y de posicionamiento general”, afirmó el presidente de la asociación, Manuel Pardos.

Pardos puso en la diana a la banca, apuntando una posible estrategia con la intención de “ganar tiempo” y criticó las interpretaciones de que son las Comunidades Autónomas las que deben devolver la recaudación por tributos y solo se podrán reclamar en hipotecas constituidas en los últimos cuatro años.

A su juicio, el polémico fallo se basa en resoluciones previas que consideran nulos por abusivos cláusulas hipotecarias y obligan a la banca a soportar sus gastos de constitución, y cuando eso ocurre los efectos son retroactivos porque se da por no puesta la condición contractual tumbada.

La asociación está convencida de que el proceso acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como ha ocurrido con varias resoluciones vinculadas a hipotecas y sus condiciones, y que ha fijado doctrina ante la disparidad de criterio entre distintas instancias judiciales o en el seno del mismo Tribunal Supremo.