Lo dijo en rueda de prensa en el Congreso, después de que el presidente de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS, Luis María Díez-Picazo, convocase para el próximo 5 de noviembre el Pleno en el que se establecerá la doctrina sobre quién paga finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados: el banco o los clientes.

“Nosotros respetamos siempre las decisiones de los órganos jurisdiccionales, más si estamos hablando del Alto Tribunal”, respondió Casado, al tiempo que consideró que habría que formular esta pregunta a aquellos que presentaron el recurso o, en todo caso, al Gobierno, que es el que tiene “la responsabilidad actual de velar por la política financiera e hipotecaria”.

Recordó, eso sí, que la postura del PP en este campo es conocida y sostuvo que “cualquier gravamen que se ponga ahora probablemente lo acabarán pagando los que se hipotequen en el futuro”.