El pasado 23 de octubre, Podemos presentó una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, al que acusa de un delito de prevaricación por actuar en “defensa de los intereses económicos de la banca española”, cuando decidió elevar al pleno de la Sala los recursos pendientes sobre el pago por la banca del impuesto de actos jurídicos documentados.

El partido liderado por Pablo Iglesias solicitaba la suspensión de este pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, convocado para el próximo 5 de noviembre. En ese pleno se analizará sentencia que asigna a la banca y no a los clientes del pago de ese tributo y se establecerá un criterio jurisprudencial sobre este asunto.

A juicio de Podemos, Díez- Picazo dictó una resolución jurisdiccional “motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia, motivado por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española”.