El decreto, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrará en vigor mañana, sábado. El texto reforma la ley de carreteras de 2015 para tipificar como infracción muy grave la eventual negligencia de los concesionarios de carreteras cuando ésta ocasiona un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurren circunstancias para las que la actual tipificación como infracción grave resulta insuficiente.

De esta manera, la sanción máxima para estos casos sube hasta los 300.000 euros. Hasta ahora, la sanción máxima por este tipo de situaciones asciende a 15.000 euros, cuantía que en este decreto pasa a ser la mínima.

Por otro lado, el real decreto establece también la utilidad pública de todos los proyectos de carreteras, para facilitar los trámites de expropiación, al darles carácter de urgencia.

También se añade otro cambio para que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se imponga en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje, lo que conlleva el pago de peaje. No obstante, ese gasto podrá bonificarse.

Con este decreto también se da un título habilitante a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) para la explotación de otras autopistas.