Según informó hoy la Guardia Civil, en la operación, denominada ‘30 días en el mar’, han participado más de 80 países de todo el mundo. En España la Benemérita y la Marina Mercante han llevado a cabo 1.102 inspecciones en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos.

Asimismo, se han formulado 55 denuncias por incumplimientos de la normativa sobre el tratamiento y gestión de los residuos. Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y a multas de hasta 24 meses. Los investigadores estiman que las ganancias se sitúan entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual.

Y es que, según Naciones Unidas e Interpol, los delitos medioambientales son el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas.

En la operación han participado efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Unidades del Servicio de Fiscal, del Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras (Cecorvigmar) de la Guardia Civil, quienes han apoyado en las tareas de identificación de los vertidos y de los focos emisores de los mismos, así como en la extracción de muestras de aquellos vertidos observados.

Además, se ha contado con la colaboración de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para la detección de varios vertidos y con la Dirección General de la Marina Mercante para la realización de inspecciones en buques que utilizan combustibles con un nivel de azufre superior al permitido y que, por tanto, contaminan en exceso.