La moción, registrada con la firma del portavoz del GPP, Ignacio Cosidó, y que será debatida en la Comisión de Justicia, explica que el instructor del sumario del procés, Pablo Llarena, ha sido desde el inicio de la instrucción víctima de una campaña de acoso por parte de los independentistas.

El texto de la iniciativa explica que esta semana dos encapuchados llenaron de pintura amarilla el portal de la vivienda de Llarena en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), una acción que ha sido reivindicada por Arran (las juventudes de la CUP) a través de sus redes sociales, donde mostraban un vídeo del ataque.

En este sentido, los populares han recordado algunas frases que han aparecido pintadas frente a su domicilio, como 'Llarena, feixista' o 'Los Países Catalanes serán tu infierno'. Asimismo, el canal público TV3 emitió las dos localidades donde el juez tiene residencia, así como el nombre y apellidos de su mujer.

La iniciativa del PP también recalca que un grupo de independentistas increparon e insultaron al magistrado en un restaurante de la localidad de Palafrugell, donde reside habitualmente con su familia.

El PP recuerda que el CGPJ ya se pronunció en abril señalando que los ataques contra el juez Llarena suponían una “manifiesta coacción sobre éste y su familia, que atenta contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas”, y solicitaba que el Ministerio del Interior pusiese los medios precisos para proteger su integridad.

A pesar de ello, el Ministerio del Interior insiste en que no ve ningún “fallo de seguridad” en este ataque de Arran a la casa del juez, pese a que el CGPJ ha vuelto a reiterar la necesidad de protección.

A este respecto, Cosidó afirma tajantemente que estos ataques no han sido todavía condenados por el Gobierno, pues ni Pedro Sánchez ni Carmen Calvo ni la “todavía” ministra de Justicia han manifestado su rechazo. En su opinión, es una prueba de que las declaraciones y actuaciones del Gobierno "van enfocadas a contentar a los independentistas".

Ante el ataque constante al Poder Judicial -en donde ya no sólo señalan a los jueces y fiscales, sino que los ataques también se dirigen a sus familias y sus domicilios- los populares no comprenden que el Ministerio del Interior asigne agentes, escolta dinámica y estática, para proteger al portavoz de un partido con representación parlamentaria y falle en la seguridad de un magistrado que está sufriendo el acoso de los independentistas y ha sido atacado en repetidas ocasiones.