En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la diputada del PDECat Lourdes Ciuró interpeló a la ministra sobre sus planes para "devolver" la independencia al Poder Judicial ante unas "perversiones" que considera "estructurales, radican en lo más hondo de una arquitectura que no está sabiendo dar una respuesta solvente" ni a la corrupción ni a las "legítimas, pacíficas y democráticas" aspiraciones de la mayoría de los catalanes.

Denunció que el Estado y sus instituciones "consienten escándalos" como el protagonizado por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz reconociendo que había fiscales "de confianza que te afinan el expediente"; la filtración de informes "apócrifos" como el que acusaba "impunemente" al entonces alcalde de Barcelona Vavier Trias; la vulneración del derecho a la libertad de expresión de raperos o tuiteros mientras Federico Jiménez Losantos "instigan a poner bombas en bares"; la violencia del 1 de octubre "atizando a ciudadanos indefensos" que querían votar; el enaltecimiento de símbolos preconstitucionales o que el Rey "se permita un tono desafiante" para "aplaudir" la represión en Cataluña dando la espalda a al menos la mitad de los catalanes y mostrando que la institución es heredera "del atado y bien atado".

Denunció que España "tiene presos políticos" y no se ha traspuesto la directiva europea que refuerza la protección de la presunción de inocencia en el proceso penal, lo que permite a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, decir que esas personas están en prisión "porque han cometido delitos" sin que pase nada.

Ciuró se refirió a la Audiencia Nacional como un tribunal continuador del de Orden Público, continuador a su vez del Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, y abogó por una reforma que implique su cierre. Del Tribunal Supremo aseguró que es nombrado por el CGPJ, que a su vez es un "auténtico brazo político".

MULTITUD DE FUNCIONES

Delgado subrayó su compromiso con la transparencia después de una época de gobierno del PP caracterizada por la "brecha" entre ciudadanía y justicia, la multiplicación de injerencias del Ejecutivo en la Justicia, la opacidad en las comunicaciones con el fiscal general del Estado y las descalificaciones a los profesionales cuando no resolvían de acuerdo a los criterios políticos pretendidos. "Una democracia que se digne debe hacer todo lo posible por eliminar cualquier duda que pueda hacer pensar que el Poder Judicial está sometido a poderes externos o controles que limiten su trabajo", aseguró.

En su intervención, se declaró abiertamente "en contra de la elección corporativa" del CGPJ y su respaldo a la elección parlamentaria por entender que se trata de un órgano constitucional "mixto" que ejerce multitud de funciones más allá de las corporativas judiciales y que afectan a la sociedad en general. El modelo corporativo sería defendible, precisó, si no tuviera ese abanico de competencias.

La ministra se remitió a la Constitución para recordar que la Justicia "emana del pueblo" y que forma parte del sistema democrático que los miembros del CGPJ estén sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de sus representantes. Ese sistema, añadió, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y "combina de manera ajustada" las aspiraciones de jueces y magistrados con los intereses generales.

En todo caso, se mostró partidaria de algunas modificaciones y, por ejemplo, de que los curriculum y los proyectos de los candidatos sean públicos, así como de dotar a los jueces y magistrados de mecanismos de amparo que protejan su independencia.

Delgado aseguró que con el Gobierno del PSOE han quedado atrás "las llamadas" del Ejecutivo a jueces "para interesarse por casos concretos", las "maniobras para apartar" a quienes eran "molestos", y las comunicaciones con el Fiscal son como manda el Estatuto. Queda mucho por hacer, reconoció, pero la determinación en ese camino es "firme" y el Gobierno trabaja para que el próximo informe Greco no sea algo de lo que "tengamos que avergonzarnos".

"A LOS PIES DE LOS CABALLOS"

Denunció, en ese punto, que algo como el mensaje de Cosidó "no puede volver a repetirse" porque implica dejar a los profesionales "a los pies de los caballos" generando un manto de duda sobre ellos que no se puede tolerar desde el Ministerio de Justicia.

Ciuró reconoció que la letra expuesta por la ministra "suena bien" pero la música de los hechos "desafina" porque tras el "escándalo supino" de señalar al futuro presidente del CGPJ sin haber nombrado siquiera a los vocales encargados de votarle no ha pasado nada y el Poder Judicial es hoy "el hazmerreir de Europa".

Delgado replicó que a ella tampoco le gustaba "nada" la letra de las pretensiones de la "república catalana" de nombrar a los jueces desde el Ejecutivo, algo que "no cuadra muy bien" con criterios respetuosos con la independencia judicial.

"No nos meta a todos en el mismo saco", dijo a la diputada, porque en el Gobierno no encontrará una actitud "vergonzante" como la de Cosidó. Teniendo en cuenta los casos que tiene que juzgar el Tribunal Supremo, aseguró, el Ejecutivo tiene "muy clara" la separación de poderes y el "escrupuloso" respeto a la independencia judicial.

La ministra aprovechó para criticar la enmienda presentada por el PP a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera "una cortina de humo" para intentar "tapar la vergüenza" el mensaje de Cosidó recuperando un texto de 1980 en el que ni siquiera se han corregido los anacronismos y que supone "una burla a la independencia judicial".