La Ley General de Telecomunicaciones establece que cualquier usuario final, con independencia de su localización geográfica, tiene derecho a obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija en un inmueble urbano o en su vivienda habitual, que permita realizar comunicaciones de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.

El objetivo de este servicio universal es evitar el riesgo de exclusión de los usuarios finales a unos servicios básicos de telecomunicaciones que se consideran esenciales para los ciudadanos, y que en el acceso a Internet de banda ancha quedó fijado en 1 Mbps.

El PP dice en la exposición de motivos de la proposición que hay que dar "un paso más" porque ese mínimo de 1 Mbps pudo ser en su momento suficiente, pero "hoy supone una limitación a las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los municipios rurales, que se ven penalizados por estar ubicados en zonas alejadas de las grandes concentraciones de personas, ya que las empresas de telefonía no tienen incentivo a ofertar mayores velocidades que requerirían elevadas inversiones en infraestructuras".

A juicio de los populares, un aumento de esas velocidades en las comunicaciones por Internet, ayudaría a todos los sectores críticos para el desarrollo de esas zonas rurales, desde el educativo al turístico o al agroalimentario, ofreciendo nuevas posibilidades de futuro a los jóvenes que facilitarían la fijación de población a estos municipios.

La proposición, a la que ha tenido acceso Servimedia, insta al Ejecutivo a poner en marcha "cuantas medidas sean necesarias para posibilitar el acceso al servicio de Internet de alta velocidad en los núcleos rurales de menor población para romper la brecha digital que, a pesar de las mejoras de los últimos años, siguen sufriendo".