Ese acuerdo, al que posteriormente se sumó el PP, hizo que el comité de huelga de los examinadores de tráfico desconvocara los paros que la mayoría de estos funcionarios mantuvieron durante 65 días de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del año pasado en demanda del complemento específico en sus nóminas, una reivindicación que la Dirección General de Tráfico (DGT) trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A pesar de estar recogido en las cuentas estatales de este año, el complemento específico nunca ha llegado a las nóminas de este colectivo de funcionarios. Por ello, el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, ha registrado en la Delegación del Gobierno en Andalucía la convocatoria de huelga para los días 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre.

La huelga que los examinadores de tráfico mantuvieron en 2017 causó la suspensión de 220.764 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, a la que tuvo acceso Servimedia. Las jefaturas más afectadas fueron Barcelona (22.884), Madrid (14.506), Málaga (10.965), Sevilla (9.938), Valencia (9.623), Murcia (8.714), Almería (7.245) y Alicante (7.184).

“La sociedad no entendería que, por una mera cuestión de técnica contable, se reanudara un conflicto que llevó a suspender un cuarto de millón de pruebas de circulación en 2017. Se trata de saber si tenemos verdaderos gobernantes u obcecados e insensibles burócratas”, declaró Báez, quien achaca gran parte de la responsabilidad de la situación actual a los miembros del anterior Ejecutivo: “Tuvieron tiempo más que suficiente para cumplir el acuerdo y no hicieron nada”.

“RUINA”

No obstante, Báez emplazó al Gobierno de Pedro Sánchez a que subsane el error o la dificultad técnica que impide hacer efectiva la subida salarial para los examinadores de tráfico. “Ni los ciudadanos de este país que necesitan obtener el permiso, ni las autoescuelas podemos revivir la pesadilla de 2017”, añadió.

El máximo responsable de CNAE exigió al Ejecutivo que halle “el modo de salvar el actual ‘impasse’ porque la sociedad española no perdonará que no lo hagan”. “Si es preciso un nuevo acuerdo parlamentario, obténganlo. Los funcionarios deben recibir garantías de que su reivindicación, ya asumida por las fuerzas políticas, será satisfecha a la mayor brevedad posible. No se puede ningunear al Parlamento, pues en él reside la soberanía nacional»”, añadió.

Báez comentó que una nueva huelga “sería la ruina para muchas autoescuelas y un contratiempo importante para los ciudadanos que ansían sacarse el permiso”. “No se puede jugar con la vida de las personas, con su futuro, con sus posibilidades de encontrar un empleo, con el pan de un sector que lucha día a día para sobrevivir. La Administración se debe a los administrados, que la pagan con sus impuestos”, apostilló.