Este texto será adoptado en la Conferencia de Marrakech, que comienza este lunes en la ciudad marroquí y que hasta el martes reunirá a gobiernos, ONG y agencias de la ONU para abordar los retos de la inmigración. En la sesión de hoy interviene el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que también asistirá a un almuerzo ofrecido por el rey Mohamed VI.

Desde su aprobación el pasado 13 de julio, una docena de países se han desvinculado del texto que ellos mismos acordaron, a pesar de que el documento no es vinculante y respeta la soberanía de los Estados. Estados Unidos fue el primer país en hacerlo, pero Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana también se han desmarcado.

Sus argumentos son que el pacto “es incompatible con su soberanía y que podría tener un efecto de incitación de la inmigración ilegal”. Sin embargo, el acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas migratorias y de control de fronteras.

El documento reconoce que, para aprovechar los beneficios de la inmigración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva, hace falta mejorar la colaboración entre países, pero ni incita ni dificulta la migración. Es un marco para cooperar y lograr los objetivos que los propios países acordaron dos años antes en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes.

COMPROMISOS

El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos, entre los que figuran metas genéricas como cooperar para abordar las causas de la migración o mejorar las vías de migración legal, pero también compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas.

El acuerdo pide también a los países evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir atención médica y educación en sus países de destino.

Además, los Estados firmantes se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter "exclusivamente humanitario".

Asimismo, los gobiernos prometen asegurar un regreso "seguro y digno" a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un "riesgo real y previsible" de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.

Según la ONU, este pacto es el “primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional”. Su secretario general, António Guterres, apuntó que “refleja el entendimiento común de los gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”.

La representante especial para la migración internacional, Louise Arbour, que presidirá la conferencia de Marrakech, pidió a los países que han abandonado el pacto que reconsideren su decisión. “Todos estos países estaban en la mesa cuando se adoptó el pacto”, recordó, y señaló que “su política exterior y el espíritu del multilateralismo se ven muy seriamente afectados” si se desvinculan de un documento que acordaron hace unos pocos meses”.

“Creo que deja muy mal a los que participaron en lo que fueron negociaciones reales”, prosiguió, pues estos “consiguieron concesiones de otros Estados”. “Defendieron sus intereses durante seis meses en los que uno asume que estaban recibiendo instrucciones de sus capitales, así que es muy decepcionante ver este tipo de revés poco después de que se acordara el texto”, señaló.

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se declaró “muy decepcionada” con la 'deserción' de estos 12 Estados, y consideró “que lo que pasa hoy es que muchos líderes, en lugar de dirigir y dar ejemplo, prefieren mirar las encuestas para ver si la gente teme a la inmigración”.