La iniciativa, que fue aprobada con 171 votos a favor, 89 en contra y 81 abstenciones, tiene como objetivo “corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA” mediante la introducción de una disposición en la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas en la que se atribuya a la recaudación de IVA de 2017 las cantidades ingresadas en dicho año “con independencia de la fecha en que estas cantidades se apliquen contablemente al presupuesto de ingresos del Estado”.

La reforma del sistema del IVA, con la introducción del SII, modificó la fecha en la que las empresas liquidan dicho impuesto, pasándolo del día 20 al día 30 del mes siguiente, por lo que la recaudación del mes de noviembre pasó de recaudarse dentro del mismo año a registrarse en enero del año siguiente. De este modo, la Administración General del Estado recibió en el año 2017 los ingresos correspondientes a 12 meses de IVA, pero solo se contabilizaron los ingresos de 11 meses. El PP cuantifica en 4.150 millones de euros el desfase ocasionado.

En consecuencia, la no inclusión de la recaudación de noviembre de 2017 en los ingresos de dicho año supone un menor índice de crecimiento de los fondos de financiación y menores recursos para las comunidades autónomas.

DISPUTA ENTRE PP Y GOBIERNO

La liquidación del IVA de 2017 ha supuesto en los últimos meses un cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno socialista sobre la responsabilidad de la no devolución de la recaudación de noviembre a las comunidades autónomas. Desde la llegada a la Moncloa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en junio de 2018, el PP ha acusado a los socialistas de “sisar” a las comunidades autónomas dicha recaudación, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha argumentado que el perjuicio fue causado por la normativa introducida en 2017 por el anterior Gobiernodel PP, entonces con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que ahora es su gabinete quien tiene que resolver el asunto.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en agosto que, para compensar el desfase en el cobro del IVA, el Gobierno incluiría en los Presupuestos de 2019 un préstamo sin intereses a las comunidades autónomas por valor de 2.500 millones de euros, cantidad en la que Hacienda cifra la recaudación pendiente de devolución.

También indicó que el Gobierno plantearía una reforma del sistema para que las empresas realicen la liquidación del IVA antes del día 30 y que así dé tiempo para contabilizarlo antes del cambio de año. El Estado no compensa hasta dos años después la diferencia entre lo que las comunidades deberían recibir y lo que en realidad recibieron, por lo que en 2021 las autonomías recibirían 13 pagas mensuales de IVA y una de ellas se utilizaría para devolver el préstamo realizado por el Estado.

Durante el debate de la proposición, por parte del PP María Eugenia Romero acusó al actual Gobierno de no solucionar el problema porque “no tienen interés” al considerar que “les interesa que ese dinero compute en las cuentas del Estado” para no tener un déficit mayor en 2018.

Por parte del PSOE, el diputado Antonio Hurtado afirmó que la proposición del PP era “chapucera, inútil e infructuosa”, por lo que su grupo votó en contra, e incidió en que el problema fue creado por el PP y el ministro Montoro, y que en términos contables la propuesta del PP “es una barbaridad”, por lo que se remitió a la solución del Gobierno para resolver el problema.

El diputado Segundo González, de Unidos Podemos, manifestó que su grupo también votaría en contra de la proposición al considerar que este intento “de deshacer una de las últimas chapuzas de Montoro llega tarde” y que esta ley “no se tramitaría hasta dentro de cinco meses”, ya que “las comunidades no pueden esperar y tiene que solucionarse inmediatamente a través de los Presupuestos o de un Real Decreto”. Además, emplazó al Gobierno a abordar la reforma de la financiación autonómica para acabar con la infrafinanciación de las autonomías.

A favor de la propuesta se mostró Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, quien señaló que se trata de un problema “creado por el PP” y sobre el que “el Gobierno no ha hecho nada”. Así, se mostró a favor de la proposición al considerar que la solución del Ejecutivo no es adecuada y que “no hay Presupuestos, no hay senda de déficit, no cuentan con apoyo parlamentario y la propuesta de la ministra Montero no está en ninguna parte”.

Por parte del PNV, Idoia Sagastizabal anunció el voto en contra de su grupo al considerar que la propuesta del PP supone un mayor gasto y que el Gobierno ya trabaja en una solución, mientras que Ferran Bel, del PDECat, indicó el voto favorable de su grupo para dar solución ya al problema, aunque aseguró que si el Gobierno presenta un Real Decreto también lo apoyaría. Por último, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, manifestó su apoyo a la propuesta del PP al considerar “oportuna y necesaria”.