Así lo destacó Ribera en un encuentro sobre este tema celebrado en la 24ª Cumbre del Clima (conocida como COP24), que se celebra estos días en Katowice (Polonia) con el objetivo fundamental de establecer las reglas del juego del Acuerdo de París, adoptado en 2015 por 195 países y la UE con el fin de que los países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento global se sitúe entre 1,5 y 2ºC a finales de este siglo con respecto a la época preindustrial.

"Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios", apuntó.

Ribera añadió que "no dejar a nadie atrás implica atender las realidades del corto plazo, pero la transición justa requiere de marcos que garanticen empleo y calidad de vida en todos los territorios, tanto en el medio como el largo plazo”.

La Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones de efecto invernadero, optimizando así las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica.

Para su elaboración, el Ejecutivo español sigue las directrices acordadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que diseñará políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica y de empleo y formación profesional para asegurar que el tránsito hacia una economía baja en carbono sea justo y socialmente beneficioso.

CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA

Con el propósito de anticipar los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios, la Estrategia articulará la fórmula de los convenios de transición justa para apoyar las iniciativas económicas que se determinen como idóneas para los diferentes contextos socioeconómicos y laborales de las zonas afectadas.

A través de estos acuerdos, podrán participar en proyectos de desarrollo territorial diferentes actores: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y ONG ambientales y las distintas Administraciones.

Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como de otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Entre otras cuestiones, los convenios incorporarán una evaluación del estado de vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, además de los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición, así como las medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos reflejados en el convenio y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EL ACUERDO MINERO, PRIMER PASO

El pasado mes de octubre, el Gobierno y el sector de la minería del carbón firmaron un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, con el que ambas partes daban respuesta a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre obligado (a finales de 2018) de las minas de carbón en cumplimiento de la normativa comunitaria. El sector de la minería en España ya sufrió una transformación significativa en la década de 1990, al pasar de 45.000 mineros a los alrededor de 2.000 en la actualidad.

El acuerdo recoge tres tipos de medidas que tienen como objetivo común sentar las bases de una transición justa para trabajadores y territorios en las zonas especialmente implicadas en el futuro económico descarbonizado: prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras abocadas al cierre, un plan de formación y apoyo a la inserción laboral y un fondo de 250 milloens de euros en cinco años para iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas afectadas.