Así lo manifestó su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, durante una entrevista concedida a Servimedia en la que celebró que el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “introduce una inversión millonaria tanto en lo que queda del 2026 como para 2027”, que ronda los 6.200 millones de euros.

Y ello, no obstante, a su entender, “sabiendo que quien establece los gastos del Estado es la Ley de Presupuestos anuales y que una Ley de Presupuestos puede inventar toda la cartera de recursos y de gastos del Estado”. “Pero, hasta donde puede estar, el Gobierno ha hecho lo que estaba en su mano, lo cual es de agradecer”, afirmó.

En este contexto, admitió que “lo que va a ocurrir en el 2027 y 2028 nadie lo puede garantizar”. “Estableces una ley, viene un real decreto ley, y eso ya lo hemos vivido en 2011 y 2012, y te retrocede todo lo que habías avanzado”, lamentó, al tiempo que indicó que el Parlamento “siempre es soberano y lo que hoy está mañana puede quitarlo o puede atenuarlo”.

FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL

En paralelo, con relación al proyecto de ley de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, recordó que el texto blinda la aportación que debe realizar el Estado para financiar el sistema y, como “cuestión de fondo”, establece la “garantía” de que la Administración General sufraga “ya por ley el 50% del coste del sistema”.

“Siempre se ha dicho, se ha repetido, pero, hasta esa enmienda que se aceptó en el trámite en el Congreso, no había ninguna obligación de que el Estado aportara el 50%”, apostilló.

A su juicio, “se ha invocado, pero no tenía ningún soporte legal”. “Muchas comunidades de un signo y otro han dicho ‘tengo una deuda histórica, el Estado me debe porque no me ha pagado el 50%’”, abundó, al tiempo que destacó que esa directriz “solo estaba en el Libro Blanco sobre la Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España”, publicado por el Imserso “previo a la ley como horizonte, como aspiración”.

“Pero no era un mandato normativo. Ahora ya es un mandato normativo. Eso es cuestión de modelo, eso es cuestión de configuración y, salvo que se derogue, el Estado tendrá que retratarse año a año aportando el 50% del gasto del sistema”, aseveró, convencido de que se trata de “una medida estructural de fondo y de largo aliento”.