Según informó en un comunicado el departamento encabezado por Reyes Maroto, “el objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial”.

Por ello, el Ministerio explicó que “las ayudas están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de carbono’ que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea”.

Las ayudas aprobadas este miércoles se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones de euros para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del año 2016.

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria, regulada por una orden del Ministerio del 30 de julio de 2018, desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran también mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%.