A juicio de Safira Cantos, directora de Amnistía Internacional en la Comunidad de Madrid, “la situación actual de desprotección y obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia sexual requiere la adopción de medidas legales y políticas públicas sin demora alguna, para asegurar los derechos humanos de las mujeres”.

Asimismo, consideró que en la Comunidad, “incluso estando incluidas todas las agresiones sexuales a mujeres en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, a diferencia de la Ley Integral estatal, el camino de piedras se da en todos los ámbitos: policial, médico-hospitalario, asistencial, jurídico”.

Según AI, la Comunidad de Madrid “no es una excepción: rige diversidad de procedimientos de actuación en función de si se trata de la ciudad de Madrid o de otros municipios de la región”.

Asimismo, esta entidad manifiesta, en un comunicado, que en el municipio de Madrid, “el protocolo interinstitucional vigente presenta graves deficiencias, como la exigencia de denuncia previa a la asistencia médica-hospitalaria; donde además el único centro de referencia es el Hospital La Paz”.

Asimismo, añade AI, “existe déficit en recursos clave como la formación de profesionales intervinientes o la baja disponibilidad de médicos forenses de guardia” y “existen recursos especializados que son infrautilizados por déficit de coordinación institucional o simple desconocimiento de la ciudadanía, como el Cimascam (centro especializado en agresiones sexuales dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales) o la Oficina de atención a víctimas de delitos (dependiente de la Consejería de Justicia)”.

Este Informe también ha sido remitido al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y a 40 autoridades o cargos públicos más.