Esta norma, que es fruto de la trasposición de una directiva europea, fija el nivel de información no financiera que deben aportar todas las empresas con más de 250 empleados en materias como remuneraciones, contratación indefinida y temporal o contribución fiscal. Dicha información deberá ser publicada en su web y constar de indicadores basados en estándares internacionales.

También exige que publiquen información sobre su actividad en relación con la discapacidad y la accesibilidad universal, aspectos que han sido reforzados por una enmienda introducida por Ciudadanos en la Cámara Alta, relativa a las acciones tomadas para evitar la discriminación y fomentar la inclusión de personas con discapacidad.

Sin embargo, el Pleno de la Cámara Baja ha rechazado una serie de enmiendas del PP procedentes del Senado, ya que la mayoría de los grupos consideran que reducían el nivel de información exigido a las empresas, algo que la formación liderada por Pablo Casado justificaba para evitar que perdieran competitividad en relación con las de otros países que son menos exigentes en esta materia.

A este respecto, en nombre del PSOE, Patricia Blanquer criticó que las enmiendas presentadas por el PP no atendían al texto consensuado que salió del Congreso y puso en valor el alto grado de acuerdo alcanzado en la Cámara Baja. En cuanto a la ley, valoró su papel para “mejorar la transparencia empresarial” y “el compromiso de las empresas con los grandes retos de la sociedad”.

Por su parte, la diputada del PP Teresa Palmer lamentó el rechazo a sus enmiendas, que según defendió, corregían defectos de la ley. Pese a ello, destacó que la normativa permite “reconocer a las empresas que asumen un papel que desborda su valiosa función como generadoras de riqueza”.

En la misma línea, Rosa Martínez (Podemos) señaló que la información exigida a las empresas permitirá conocer “cuestiones claves para el bienestar de la sociedad”. “Queremos saber cómo la manera en que las empresas obtienen sus beneficios contribuye a hacer un mundo mejor”, apostilló.

También se felicitó por la aprobación de la ley el diputado de Ciudadanos Vicente Ten, quien hizo hincapié en la importancia de las enmiendas aportadas por su formación en materias como la igualdad de trato a las personas con discapacidad, surgidas de plataformas como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Entre las medidas propuestas por el Cermi estaba la de garantizar por ley las medidas de accesibilidad universal para que los accionistas mayores y con discapacidad puedan ejercer sin dificultades su derecho de voto en las juntas generales, incluida también el acceso a la información y la documentación que generen estas reuniones.

Por último, también mostraron su apoyo a la ley por su impulso a la transparencia los diputados que intervinieron en nombre del PNV, Idoia Sagastizabal; del PDECat, Carles Campuzano, y de ERC, Joan Margall.