Así lo recordó este lunes en una nota, en el contexto del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra el 18 de diciembre, en la que también se refirió a las 11 visitas que realizó este verano a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular.

El Defensor hace hincapié en que constató ‘in situ’ “un fallo estructural de estos servicios cuyas capacidades se vieron ampliamente superadas”: “Este fallo provocó la saturación de las comisarías de policía y que se tuvieran que abrir pabellones polideportivos, entre otros espacios, para poder ofrecer una mínima atención humanitaria a las personas que iban siendo rescatadas del mar”. Aunque en las últimas de las visitas constató mejoras en las instalaciones, no fue así “en las condiciones jurídicas apreciadas en estas inspecciones”.

El Defensor del Pueblo recordó que lleva “años” denunciando los fallos y las carencias del sistema de primera acogida, y que ya alertó el pasado mes de febrero de que “a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente”.

Por todo ello, la institución considera “imprescindible” la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas, en el que podrían encajar los denominados Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) ya operativos en San Roque, Motril y Málaga, y en este sentido, confía en que se creen espacios similares entre Almería y Cartagena.

También aboga por la creación de equipos móviles especializados que permitan ofrecer "una respuesta inmediata" ante repuntes de llegadas. Al tiempo que considera recomendable "que se refuercen con estos equipos las plantillas policiales de las localidades del litoral andaluz". Además, insiste en generar "un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, niños y niñas no acompañados y víctimas de trata".

Por otra parte, el Defensor ha reiterado a la Secretaria de Estado de Migraciones su recomendación para que se revise el protocolo para atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de llegadas a través de la frontera terrestre o marítima para evitar el uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia.