La vista oral por las cuestiones de previo pronunciamiento de la causa del 'procés' en Cataluña dio comienzo puntualmente en la sede del Tribunal Supremo para dirimir si el Alto Tribunal es competente para juzgar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados o si el juicio debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Esta es la primera vez que los siete miembros de la Sala Segunda de lo Penal aparecen juntos bajo la presidencia de Manuel Marchena para resolver cuestiones previas al juicio del 'procés', de celebración casi inminente.

En la vista están presentes las defensas de los 18 acusados, pero ninguno de los procesados asiste a la misma. También están los fiscales del Supremo Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox. Fuentes del Supremo han indicado que hay 226 periodistas acreditados.

Al inicio de la sesión, Marchena pidió a los letrados que en la medida de lo posible no repitan argumentos y ajusten su exposición a turnos de 20 minutos, aunque añadió que será flexible y generoso.

Van den Eynde es el abogado que ha abierto el turno de las defensas. Su argumento se centra en que los hechos que se atribuyen a los 18 procesados miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, nueve de ellos en prisión, sucedieron en Cataluña y por ello deben ser juzgados allí.

Pero más allá de este argumento, el letrado adelantó la que será la línea de defensa de sus representados, que se basa en que se trataba de responsables políticos haciendo política. Bajo su punto de vista, la Fiscalía ha sido la responsable de “retorcer y pervertir la técnica procesal para un uso de persecución política”. Defendió, además, que hay un juzgado de Barcelona, el número 13, que lleva instruyendo una causa por rebelión más de un año y lo hace “con presencia de aforados”.

La defensa de Junqueras y Romeva insistió en que la Fiscalía ha construido un caso y lo ha presentado en el Supremo porque “el foro natural es temido por alguna razón”. En este sentido, argumentó que el juicio por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 se realizó en el TSJ de Cataluña y añadió que “la Fiscalía no acierta siempre” y que "las reglas del juego se tienen que respetar. Son claras. Es importante respetar la competencia”.

En su turno, Jordi Pina, abogado de Jordi Turull o Jordi Sànchez, insistió en la idea de que los actos se produjeron en su integridad en Cataluña, por lo que el juez predeterminado por la ley es el del territorio, y señaló que los argumentos de la Fiscalía sobre la “extraterritorialidad” de lo sucedido son muy débiles y se basan en la existencia de registro de votantes en el extranjero, en la actuación diplomática del Govern o en la presencia de observadores internacionales.