A este respecto, en un comunicado, recuerda que las empresas del sector renovable deberán acometer en la próxima década gran parte de los 100.000 millones de euros que serán necesarios para cambiar el modelo energético español.

APPA explica que hasta el momento el principal riesgo regulatorio eran los cambios retributivos. Unas modificaciones que han llevado a los inversores internacionales a demandar al Reino de España por unos recortes “injustos y retroactivos.

El anteproyecto de ley presentado recientemente por el Gobierno mantiene invariada la actual tasa de retribución de las instalaciones anteriores a 2013, fijando un marco retributivo estable y dotando de seguridad jurídica al sistema.