El secretario de Organización de la Fadsp, Marciano Sánchez Bayle, aseguró en declaraciones para Servimedia que “hoy en día, con una medicina tan informatizada, la posibilidad real de atender a una persona sin su historial clínico o sin poder pedirle pruebas es francamente baja”.

Sánchez Bayle se mostró preocupado por las posibles trabas que el nuevo gobierno andaluz pueda poner para atender a los migrantes irregulares en hospitales y centros médicos. “Si realmente ponen trabas, se va a dificultar mucho poder atenderles, aunque lógicamente haya personas que hagan lo que esté en sus manos para superar esta situación, pero lo van a tener difícil”, aseguró.

El secretario de organización consideró que “solo con buena voluntad por parte de los médicos no se va a poder solucionar” y que, por ejemplo, los irregulares no podrán realizarse pruebas como radiografías ni podrán ser derivados a especialistas.

La Ley de Sanidad Universal, liderada por la exministra Carmen Montón y aprobada el pasado verano, refuerza la obligatoriedad de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero marca que son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollarla y hacerla efectiva.

“Por tanto, parece que el nuevo gobierno lo que va a hacer es entorpecer todo lo posible la aplicación de esta ley en lugar de facilitarla. Al menos es lo previsible”, opinó Sánchez Bayle. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública también alertó de los peligros y perjuicios que puede conllevar que los inmigrantes irregulares se queden sin atención sanitaria.

Sánchez Bayle aseguró que “es muy probable que eliminen la tarjeta sanitaria específica para los inmigrantes que no están regularizados”. “Querrán eliminar los sistemas de cobertura de este grupo de población y si no pueden, poner el mayor número de trabas posibles”, remachó.

De todos modos, Sánchez Bayle afirmó que no cree que el nuevo gobierno pretenda que los médicos y sanitarios avisen de los migrantes irregulares que acudan a los centros médicos u hospitalarios.

El secretario de Organización explicó que dejar sin sanidad pública a un colectivo como este “tiene un gran significado desde el punto de vista moral, ya que están desatendiendo a seres humanos”. “Además, supondrá crear bolsas de población sin derecho a la atención sanitaria y deteriorar la salud de un grupo donde se podrán producir y propagar múltiples enfermedades, muchas de ellas infectocontagiosas”, añadió.

El representante de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública remarcó que el perjuicio en la sanidad lo sufrirá toda la población. “No atender a un colectivo concreto tiene una repercusión muy negativa para el resto de la ciudadanía”.

Más allá de la plausible propagación de enfermedades, también mencionó la saturación de las urgencias. “En urgencias los irregulares sí mantendrán su cobertura, pero eso traerá un problema añadido de incremento de utilización y saturación del funcionamiento de estos servicios que están pensados para otra cosa”, remachó.