Una vez aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a la Cámara Baja, se dará el pistoletazo de salida para la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, que según el artículo 133 del Reglamento de la Cámara Baja goza de preferencia y que suele desarrollarse en unos tres meses.

Tomando como referencia la tramitación de los PGE de 2018, ésta se inició el 3 de abril de 2018, con su llegada al Congreso, y finalizó el 28 de junio, con su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja tras votar las enmiendas que habían sido incorporadas anteriormente en el Senado.

El pasado miércoles, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció que la entrada del proyecto presupuestario se producirá el próximo lunes, 14 de enero, y que ese mismo día la Junta de Portavoces decidirá el calendario de tramitación. Se espera que las comparecencias presupuestarias sean para la semana del 28 al 1 de febrero.

De esta forma, en caso de conseguir los apoyos necesarios y superar el debate de totalidad y proseguir la tramitación en el Congreso y el Senado, los Presupuestos podrían quedar aprobados de forma definitiva a mediados de abril.

RETRASO

Como ya ocurriese con el Gobierno de Mariano Rajoy y los Presupuestos de 2018, la tramitación de las cuentas públicas de este año llega con retraso respecto a lo marcado por la Constitución, que en su artículo 134 establece que deben presentarse al Congreso de los Diputados antes del fin de septiembre del año anterior.

En ambas ocasiones el retraso se ha debido a la falta de apoyos suficientes para asegurar la aprobación de los PGE, ya que el rechazo de los mismos podría ser considerado como un signo de debilidad del Ejecutivo y precipitar la convocatoria de elecciones.

Además, en esta ocasión dicho retraso se debe también al infructuoso intento realizado previamente por el Gobierno de modificar la senda de estabilidad del periodo 2019-2021 y flexibilizar en cinco décimas el objetivo de déficit del próximo año, aumentándolo del 1,3% que dejó fijado el PP a un 1,8%, lo que fue impedido por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

La intención del Gobierno era presentar los Presupuestos una vez se hubiera logrado dicha ampliación del objetivo de déficit, para lo que era necesario modificar la Ley de Estabilidad y eliminar la capacidad de veto del Senado. En el Congreso de los Diputados se encuentra en tramitación dicha propuesta de modificación, pero ha sido retrasada por PP y Ciudadanos, por lo que finalmente el Ejecutivo ha tenido que diseñar las cuentas públicas con el objetivo de déficit del 1,3%, lo que se traduce en una capacidad de gasto de unos 1.200 millones menos para la Administración Central.

PLAN PRESUPUESTARIO

El pasado mes de octubre, tras el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos, el Gobierno ya remitió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario que servía de esbozo de los PGE. En ellos, el Ejecutivo socialista indicó que el gasto público se incrementaría en 16.000 millones de euros, un 3,1% respecto a 2018, y que los ingresos aumentarían en unos 27.000 millones, un 5,7% más.

Esas cifras se elaboraron sobre el supuesto de que el déficit para 2019 sería del 1,8%, por lo que fuentes de Hacienda explicaron a Servimedia que en el proyecto de este viernes podrían verse modificadas ligeramente tanto por esos alrededor de 1.200 millones menos de gasto como por una posible modificación de la previsión de ingresos.

Para lograr ese incremento de ingresos, el acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos incluía la creación de nuevos impuestos, como el de transacciones financieras y la ‘tasa Google’, medidas contra el fraude fiscal y la introducción de modificaciones en impuestos ya existentes, como la creación de nuevos tramos impositivos en el IRPF (uno a partir de 130.000 euros anuales y otro a partir de 300.000) y el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (del 17% para las entidades financieras y las compañías de hidrocarburos).

AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN

En concreto, el plan remitido a Bruselas preveía un aumento de la recaudación de 328 millones vía IRPF, 1.500 millones a través del Impuesto de Sociedades, 850 millones a partir de las transacciones financieras, 1.200 millones con el nuevo impuesto para servicios digitales y 339 gracias al cambio del Impuesto de Patrimonio.

Además, el Gobierno cifró en 5.098 millones de euros el coste de las medidas pactadas con Unidos Podemos, entre las que destacan la subida de las pensiones conforme al IPC, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros (que ya entró en vigor el 1 de enero), la mejora de la dependencia o la ampliación del permiso de paternidad.

Sin embargo, entonces el Ejecutivo indicó que su impacto en los PGE se limitaría a 1.992 millones, al excluirse de los PGE el gasto correspondiente a medidas que afectan a la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

De los 1.992 millones previstos de aumento del gasto por las medidas pactadas, 384 se corresponderían a la subida de las pensiones mínimas, 536 para incremento de becas, 50 para material escolar, 515 para la Ley de Dependencia, 315 para las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores de dependientes, 180 para un Ingreso Mínimo Vital, 25 para ayudas de comedor, 273 para financiar la ciencia, 20 para cultura y cine, 20 para el Pacto contra la Violencia de Género, 10 para oficinas de despoblación y 173 para vivienda.

FUTURO POLÍTICO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha fijado el debate sobre las enmiendas a la totalidad de los PGE como el objetivo que marcará el devenir de la legislatura. Si salva el escollo y se inicia el trámite parlamentario de las cuentas públicas, el presidente ve más despejado el camino para agotar la legislatura.

Sin embargo, un revés del Congreso y que los Presupuestos sean devueltos al Gobierno podría acelerar la convocatoria de unas elecciones generales.