"Tiene un coste reputacional que no es positivo", indicaron hoy fuentes del Gobierno, que reconocieron que lo están siguiendo porque el caso tiene una repercusión judicial.

Las mismas fuentes aclararon que el Banco Central Europeo (BCE) "no ha transmitido preocupación al Gobierno" sobre la situación.

La Audiencia Nacional entró ayer de lleno en el caso requiriendo a 'moncloa.com' y El Confidencial, medios que han destapado el escándalo, el material sobre la contratación por parte del banco de la agencia Grupo Cenyt, vinculada al excomisario.

La información apunta que Villarejo habría intervenido más de 15.000 conversaciones de miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, así como a empresarios y periodistas en los años 2004-2005 para el banco, entonces presidido por Francisco González, y coincidiendo con el intento de Sacyr de hacerse con el control de BBVA.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya calificó ayer la situación de "muy grave" y consideró que es "inconcebible" que en democracia ocurran situaciones de este tipo "que alarman" a la sociedad.

Los hechos están bajo análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Ministerio del Interior y del propio BBVA. Carlos Torres, quien tomó el relevo de González en la Presidencia del grupo hace escasas semanas, confirmó la contratación de Grupo Cenyt en una misiva interna a la plantilla donde aseguraba que no han hallado pruebas hasta ahora de espionaje o pinchazos telefónicos.

En el mismo escrito afirmaba que si se confirman actuará "con la contundencia necesaria". En los mercados se da por sentado que el próximo Consejo de Administración que celebra el banco la próxima semana podría ser clave para decidir sobre la continuidad de Francisco González como presidente de honor y en la fundación, ante la presión reputacional que esta situación está ejerciendo sobre el grupo y el banquero.