Así se expresó Ábalos en unas declaraciones a la prensa en Fitur, donde lamentó que cuando el problema se centraba en el Ministerio de Fomento” no recibimos ninguna solidaridad”. “El ordenamiento jurídico para cumplir con la competencia corresponde a la comunidad autónoma le guste o no le guste”, añadió el ministro de Fomento, quien sentenció que “un real decreto ley es una norma que obliga”.

“Lo que debe hacer un representante público es cumplir lo acordado cuando tiene rango de ley”, reiteró Ábalos. “Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen la capacidad reguladora del transporte urbano, incluidas las VTC”, apostilló.

Por otro lado, sostuvo que “lo que está pasando es previsible porque hay un conflicto entre dos sistemas de transporte urbano con similar actividad y con similares prestaciones que hasta ahora tenían distintas regulaciones”.

A este respecto, concluyó que “cuando hay dos actividades en un mismo espacio físico, lo normal es que una misma autoridad las regule”. “Hemos situado el problema en el espacio donde se puede arreglar si hay voluntad”, sentenció.