Así lo denunció a través de un comunicado en una semana en la que se cumplen seis meses desde que la Unión Europea multó a España con 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales.

Medio año después, cuando se cumple el primer plazo semestral que dio la UE para multar con otros 11 millones si los municipios sancionados no se ponían al día, “se sabe ya que España seguirá pagando la multa hasta 2022”, subrayó la organización, para quien la depuración de las aguas residuales “continúa siendo una asignatura pendiente”.

La UE solo ha sancionado a nueve localidades en toda España: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate en Andalucía; Gijón Este, en Asturias, y Valle de Güímar, en Canarias, aunque, a juicio de Ecologistas, estos datos “dan una idea” de hasta qué punto la contaminación de aguas residuales afecta a todo el litoral, una situación “de elevado riesgo para los ecosistemas costeros y la salud de la población”.

La organización recordó que el propio Ministerio de Transición Ecológica “reconoce que aproximadamente una cuarta parte de los municipios de más de 2.000 habitantes no cumplen la normativa europea”.

En este sentido, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Paloma Nuche, alertó de que, “tanto por motivos de salud pública como de protección del medio ambiente”, la calidad del agua “debería ser el objetivo fundamental de su gestión”. “Sin embargo, España está aún lejos de conseguirlo”, lamentó.

La ausencia o insuficiencia de depuradoras, la sobrepoblación en época estival, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los puntos de vertidos no autorizados son las principales causas de la deficiente depuración de las aguas residuales en España según Greenpeace.

La ONG denunció, además, la falta de información pública y de control por parte de las administraciones sobre el volumen “real” de los vertidos ya que, aunque según el último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio en 2017 había un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año, a su entender, “el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total”.

Los vertidos de aguas residuales urbanas son “generalizados” en todo el litoral español, aunque Ecologistas destacó los casos de Islas Baleares, Huelva y Pontevedra, y suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas, según Ecologistas, que precisó que, como consecuencia, disminuye la presencia de especies “beneficiosas” como la Posidonia oceanica, “clave en el mantenimiento de la biodiversidad” y aumenta la aparición de medusas, microalgas y cianobacterias.

Por estas razones, Greenpeace exigió a las administraciones competentes la toma de decisiones “ambiciosas y efectivas”.

A este respecto, Nuche abogó por un “riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino”.

Para ello, consideró “imprescindible” una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración “efectiva” y una ordenación del litoral “que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar”.