Este organismo “debería proveer información individualizada a los ciudadanos sobre su situación particular en relación con el sistema de pensiones, proporcionando elementos de juicio fundamentales tanto para que los futuros pensionistas puedan adoptar decisiones previsionales ante su jubilación”, explicó la fundación.

Entre 1977 y 2017, el porcentaje de mayores de 64 años en España aumentó del 11% al 19% de la población, mientras que el de edades comprendidas entre cero y 14 años se redujo del 27% al 15%.

Este “cambio sin precedentes” de la estructura poblacional por edades afecta a cuestiones como las pensiones, la calidad de vida y cuidado de los mayores, la convivencia y los tipos de hogares, o la política de partidos y electoral, indicó la entidad.

Se estima que en 2050 el gasto público en pensiones podría situarse entre cuatro y seis puntos sobre el PIB por encima del actual, un aumento que “no resultaría preocupante si se esperara un incremento de los ingresos fiscales capaz de absorber el mayor gasto”, según Funcas.

"Pero son muchos los expertos que dudan de que ello sea posible sin ampliar muy significativamente el tamaño (y/o la productividad) de la población empleada o sin alzar la presión fiscal (vía cotizaciones o impuestos) hasta un nivel que resulte perjudicial para el mercado de trabajo y la competitividad", apunta la publicación.

Como dato de esperanza de vida, al empezar los años setenta había en España algo menos de 800 centenarios, pero a 1 de enero de 2017 su número había aumentado 20 veces, hasta 15.381, en una evolución que se ha acelerado en los últimos años.

Además de ajustar la cotización y la jubilación a la esperanza de vida, Funcas aconseja que un organismo público e independiente sea el encargado de recoger y difundir periódicamente información actualizada y de realizar un seguimiento de las reformas que se vayan acometiendo tanto en España como en otros países.