La crisis política y humanitaria que sufre el país ha ido elevando de manera considerable el número de peticiones de asilo en España. Según datos facilitados a Servimedia por el Ministerio del Interior, 2015 se cerró con 596 peticiones de venezolanos. Pero esta cifra ya sufrió un considerable aumento 12 meses después cuando en 2016 se alcanzó las 900 solicitudes.

A la espera de contabilizar las que se hayan registrado en este primer mes de 2019, el último dato conocido era de agosto con unas 12.000 solicitudes. Pero según se complicó la situación tras las elecciones no reconocidas por la mayoría de la comunidad internacional en las que volvió a ganar Nicolás Maduro, la cifra de peticiones de asilo de venezolanos en España fue de 20.015, a fecha del 31 de diciembre de 2018. Esto supone un aumento del 66%.

En los últimos dos años se ha recrudecido más la situación y es lo que ha generado un incremento de 3.258% de las peticiones de asilo en el periodo 2015-2018. Haciéndose eco de esta situación, el Gobierno ha decidido otorgar “masivamente” una ayuda humanitaria de un año, prorrogable, a todos los venezolanos a los que se les haya negado la concesión de asilo y refugio en España. Esta medida se concretará en la próxima reunión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) prevista para febrero.

La responsable de Interior apuntó que la medida se dirigirá “a los ciudadanos venezolanos que no se les conceda asilo y refugio, pero en aplicación de la ley de asilo y refugio se les permitirá una ayuda humanitaria que les va a permitir estar legalmente en nuestro país”. Así lo trasladó la subsecretaria de Interior, Isabel Goicoechea, durante la presentación de las cuentas públicas del departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Goicoechea comentó que la crisis que vive el país sudamericano ha generado tal “incremento” de solicitudes de asilo que se ha pasado de unas 900 a la presentación de “más de 20.000”. En su turno de réplica, tras las preguntas de diputados de la Comisión, Goicoechea aclaró que no se trata de una “solución genérica”.

“De acuerdo a la normativa que aplicamos y el Convenio de Ginebra, para aquellos que no tienen derecho a tener el estatuto de refugiado o de apátrida, sí tenemos una solución que les será oportunamente reconocido, y la solución es ayuda humanitaria que prevé la propia ley”. Será, ahondó, una ayuda durante un año, prorrogable, para que no estén en "el limbo jurídico en el que en este momento se encuentran”.