Esos 16,79 millones se desglosan en 4,5 millones de euros para el servicio público de cabinas y 12,3 millones para el resto de prestaciones declaradas como servicio universal de telecomunicaciones (prestación de la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad de Internet a 1 Mb/s en zonas no rentables y las prestaciones a usuarios con abono social y discapacidad, tales como facturas en braille). Telefónica fue en 2016 el operador obligado a la prestación de estos servicios.

El coste neto aprobado se calcula restando al coste neto directo los beneficios no monetarios y las subvenciones vinculadas a servicios del servicio universal.

La CNMC calcula anualmente el coste de prestar el servicio universal mediante dos procedimientos. En este último procedimiento aprobado se incluyen los costes de todos los componentes del servicio universal excepto cabinas, cuyo coste se estimó en un procedimiento separado aprobado el 12 de diciembre de 2018 con un importe de 4.517.912 euros.

Si se analiza la evolución del coste neto total de los últimos años, el del servicio de cabinas ha aumentado en los últimos años, pero el coste de prestación del resto de componentes ha disminuido.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros. Por ello, la CNMC determinará en un nuevo expediente las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.