“Las entidades queremos y necesitamos, para nuestros usuarios y trabajadores, estabilidad y seguridad jurídica, solo así podemos desarrollar los proyectos de continuidad que venimos ejecutando desde hace más de 30 años”, demandaron ambas entidades en un comunicado.

Aseguraron que se trata de una “situación de grave inseguridad jurídica que provocó la modificación unilateral de la resolución provisional, lo cual recortó, sin avisos previos, más de 500.000 euros en proyectos, provocando despidos y situaciones de cancelación de servicios aún no resuelta, así como una cascada de recursos de reposición”.

La portavoz del Tercer Sector, Reyes Velayos, declaró que espera que el Gobierno regional “sea honesto en su oferta de hoy llamando al pacto y el consenso y se coordine con todas las plataformas y estructuras”.

Estas entidades han mantenido una reunión con los grupos parlamentarios de la oposición después del Pleno y han emplazado a la Comunidad de Madrid a una convocatoria abierta de diálogo que “permita resolver de urgencia no sólo los errores detectados, sino que clarifique qué pasará este año 2019 con las ayudas aún por convocar”.