Durante la mesa redonda 'Mujeres contra la violencia de género en América Latina', organizada por Manos Unidas en Madrid, Torres denunció que los migrantes y refugiados "se acumulan en los barrios más pobres de las ciudades"; los niños "saturan las escuelas de los pobres"; las personas que están enfermas han de ser atendidas en los hospitales de los pobres... Todo esto genera una guerra entre pobres", prosiguió, "que en realidad no es xenofobia (odio al extranjero), sino aporofobia o rechazo al inmigrante que no tiene plata".

El Servicio Jesuita al Migrante trabaja desde hace años en Colombia para defender el acceso a los derechos humanos de la población colombiana desplazada por el conflicto armado y, en la actualidad, también apoya a la población migrante de Venezuela.

LA HISTORIA SE REPITE

Según Torres, lo que ahora ocurre con la población venezolana "se parece mucho" a lo que sucedió con los millones de campesinos desplazados a causa del conflicto armado en su país.

"Estos llegaron a los contextos más empobrecidos de las ciudades, donde a su vez se convirtieron en comunidades marginadas, sin acceso a la salud, al trabajo o a la educación", añadió.

En la actualidad, más de 1,1 millones de venezolanos viven en Colombia, dispersos por todo el país. De hecho, Torres lamentó que la mayor parte de la ayuda humanitaria se concentra en el norte, en la frontera, aunque la realidad es que hay "muchas comunidades de migrantes venezolanos por todo el país".

"Nosotros trabajamos en varios municipios: en Nariño (estado fronterizo); en Saucha (al lado de la capital) y en el Sur", pues muchos venezolanos transitan Colombia para llegar a Perú y Ecuador.

Además, subrayó que "están llegando muchas mujeres embarazadas y niños menores sin escolarizar. Les apoyamos en el acceso a la salud y a la educación", dijo, y también "ofrecemos asesoramiento sobre los riesgos asociados al proceso migratorio a aquellos que quieren continuar el viaje hacia el sur".

Junto a Torres, en el encuentro participaron Ana Ruth Orellana, del Movimiento Salvadoreño de Mujeres; Lizette Hernández, de la asociación civil Kalli Luz Marina de México; Mirta Lezcano, de la Organización Tatarendy de Paraguay, y Desiree Bozzeta, de las Esclavas Adoratrices del Santísimo Sacramento de Perú.

Los feminicidios, la violencia sexual y de género, la trata, la prostitución, los problemas en el acceso a la justicia y la mayor discriminación que sufren las mujeres indígenas y del mundo rural en América Latina son algunos de los asuntos tratados durante la jornada.