Así lo explicó en los pasillos del Congreso de los Diputados el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, después de que el PSOE acusara al PP y a su formación de obstaculizar la tramitación de la proposición de ley de despenalización de la eutanasia, coincidiendo con la entrega de 280.000 firmas en la Cámara pidiendo esa misma medida.

Recordó que la proposición de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida lleva dos años tramitándose en el Congreso de los Diputados, y con ella se pretende asegurar una etapa final de la vida sin sufrimiento, con respeto a la voluntad del paciente para retirarle el tratamiento o el soporte vital, y para morir acompañado si así lo desea.

En su opinión, esas garantías son "imprescindibles" antes de abordar el debate sobre la eutanasia, porque si no hay garantías de ejercicio de todos esos derechos en el tramo final de la vida no puede ocurrir que lo único que se ofrece a esos pacientes sea "el suicidio".

Considera necesario que se asegure ese régimen común también en cuanto a las sanciones por incumplimiento en todo el territorio nacional, por el mismo motivo por el que un robo con fuerza no se podría castigar con una multa en unas comunidades autónomas y con quince años de prisión en otras.

Denunció, en ese sentido, que el PSOE no quiere "comprometerse" con la igualdad de todos los españoles en ese proceso final de la vida, al igual que los nacionalistas, guiados por la máxima de que unos y otros "tenemos que ser diferentes hasta para morir", algo que "no tiene ningún sentido". A Ciudadanos, sentenció, nadie le va a dar lecciones de empatía hacia quienes sufren, porque después de cuarenta años de democracia ha sido el primer partido en presentar una iniciativa legislativa con ese objetivo.