En un comunicado difundido este jueves, Crue insistió en la necesidad de “cambios legislativos y presupuestarios necesarios para generar certidumbre, credibilidad y estabilidad en la actividad de Investigación y Transferencia de Conocimiento en España”.

“Las medidas que se requieren deben atender a la especificidad del sistema de I+D+i dentro del sector público y apostar por la flexibilización y mejora del funcionamiento de las universidades. Para ello es necesario el compromiso firme, no solo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sino también del de Hacienda, al que se le reclama una mayor confianza en el Sistema Estatal de Investigación”, agregan los rectores.

El nuevo real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, prosiguen, “supone un avance en la resolución del problema causado a los estudiantes adjudicatarios de los préstamos renta Universidad”.

Igualmente, se consideran “positivas” todas las medidas que pretenden asegurar la igualdad de trato y de oportunidades y facilitar la integración de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como su promoción y evolución.

En relación con las modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, “se simplifica la tramitación de los expedientes de los contratos menores, pero se mantiene la duda de si el límite cuantitativo de 50.000 euros previsto en la norma para este tipo de contratos se puede considerar o no a nivel de proyecto de investigación”.

“Aunque así se desprende de la información facilitada por el Ministerio en la presentación del real decreto-ley, esta posibilidad no se contempla claramente ni en el articulado ni en la exposición de motivos”, agregaron, por lo que piden al Gobierno que lo aclare “urgentemente”.

Otra de las cuestiones que inicialmente es positiva, pero no queda suficientemente aclarada en la nueva norma, “es la posibilidad de realizar contratos indefinidos para el desarrollo de proyectos y planes de investigación concretos”. “Con la información disponible, se mantiene la incertidumbre sobre aspectos como la modalidad contractual a desarrollar, o sobre si otras normas podrían afectar a lo regulado en este sentido por el nuevo real decreto-ley”, subrayan.