Según el artículo 68.6 de la Constitución, el Congreso electo en las generales debe ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de los comicios, es decir, el 23 de mayo como muy tarde. Ese lapso de tiempo es el máximo previsto, pero podría ser menor.

En todo caso, la campaña para esas elecciones de mayo comienza el día 10, apenas dos semanas después de haberse celebrado las generales. En el caso de que el Congreso ya se hubiera constituido, los partidos afrontarían una nueva campaña electoral en plena ronda de contactos del Rey con los partidos con representación parlamentaria para proponer a un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Una vez que el Rey formule esa propuesta tendría que convocarse la sesión de investidura, que en caso de resultar fallida pondría en marcha la cuenta atrás para nuevos intentos antes de expirar el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones generales.

Teniendo en cuenta ese calendario y la complejidad de definir mayorías que puede derivarse de las elecciones generales, podría darse el caso de que no haya acuerdos para una investidura antes de los comicios de mayo, y que sea después, con los resultados de ambas citas con las urnas, cuando los partidos tracen sus acuerdos en los diferentes ámbitos.

La otra opción es que una mayoría definida salida de las urnas el 28 de abril permita acelerar los pasos previstos hasta tener un gobierno antes del 26 de mayo.