El texto, tras su paso por la reunión del Gobierno de este viernes, tendría que iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, pero el anuncio de adelanto de las elecciones generales al 28 de abril implica disolver las Cortes el próximo 5 de marzo y dejará el procedimiento en un “limbo”, como han denunciado algunos colectivos del sector educativo.

Celaá dijo que pese a ser consciente de que no se podrá tramitar en el Parlamento en esta legislatura, el Ejecutivo ha decidido aprobar el proyecto “por respeto a todas las personas que han venido trabajando en esta ley”. Pero reconoció que “no parece muy posible que se llegue a tiempo” para que el Congreso la tome en consideración en lo que queda de legislatura.

También justificó que el texto no haya pasado por el Consejo de Estado, paso que habría conllevado un retraso de varias semanas para estudiarlo. “No esperamos el informe del Consejo de Estado porque no lo hemos pedido, porque no es preceptivo”, indicó tajante.

También se refirió a las garantías de la educación en castellano en las comunidades con lenguas cooficiales que recoge el texto del Gobierno, aunque de forma muy genérica: “la inclusión de las lenguas en el proyecto es estrictamente constitucional”.

PROYECTO PROGRESISTA

Durante su presentación, apoyándose en diapositivas, Celaá recordó que su proyecto es “progresista” y “conecta con las corrientes contemporáneas educativas” de la UE y las Naciones Unidas. Sus objetivos, recordó la ministra, pasarían por "modernizar el sistema educativo; recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema personalizando el tratamiento educativo, mejorar los resultados del sistema reduciendo el abandono y el fracaso escolar; y Estabilizar el sistema educativo e incorporarlo como pilar básico de las políticas de conocimiento”. “Este proyecto -recalcó Celaá- no viene con el único objetivo de derogar la Lomce, que sí lo hace, cuando sea aprobada, ya que el objetivo es mejorar el sistema educativo español”.

Precisamente, la ministra hizo hincapié en el objetivo de dar una mayor estabilidad al sistema, por lo que propuso “un pacto para blindar su suelo de inversión educativa del 5% del PIB”. Éste argumento fue el que esgrimió el Grupo Parlamentario Socialista para abandonar la subcomisión parlamentaria donde se buscaba un pacto educativo hace casi un año y que impidió que se obtuvieran conclusiones del trabajo realizado en el Parlamento durante meses.

La nueva norma, denominada Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación (LOE), derogaría la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y modificaría la anterior ley de educación que reformó la Lomce, es decir, la LOE, y es en opinión del Gobierno “una ley para la nueva educación del siglo XXI”.

La reforma, reiteró Celaá, busca combatir la lacra del abandono escolar temprano y el fracaso escolar y fomentar la igualdad de oportunidades, con medidas concretas como la de conceder el título de Bachillerato a los alumnos que tengan una asignatura suspensa, que ha sido contestada desde algunos sectores.

PILARES

El proyecto de ley se sustenta en cinco pilares: el enfoque de derechos de la infancia, la igualdad de género, elevar los resultados de todos los estudiantes, el desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 y el cambio digital.

La reforma, según dijo la ministra, supondría una apuesta por la educación de 0 a 3 años y la eliminación de los itinerarios 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en ESO. También persiguiría una FP más flexible, dando la posibilidad a los alumnos de Grado Básico a recibir el título de graduado en ESO.

El texto también contempla la eliminación de las pruebas finales de etapa y que en las comunidades con lenguas cooficiales un 55% de los contenidos y materias serán competencia del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencia del Estado en las comunidades con una lengua oficial. Celaá se refirió también a su apuesta por una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos en Primaria y ESO y que la Religión no sea computable ni tenga alternativa.