Así lo anunció este martes en el Congreso de los Diputados la Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Consuelo Rumí, quien compareció ante la Comisión del ramo de la Cámara Baja en su última sesión de la legislatura.

Según Rumí, se trata de “un proyecto piloto” que podría extenderse a los descendientes de emigrantes españoles en otros países con especial vinculación a España y que podría llegar a los 1.500 visados este año. Esta experiencia forma parte de las iniciativas del Gobierno para fomentar la inmigración regular y ordenada, explicó, siempre en función del catálogo de profesiones de difícil cobertura.

Admitió que “es verdad que tenemos un alto índice de desempleo, pero también hay muchos puestos de trabajo que se quedan sin cubrir”. Por ello, este proyecto pretende identificar en origen a aquellas personas que, por sus perfiles profesionales, puedan resultar atractivas para la contratación en España. Esto es, que puedan adaptarse a ofertas con poca demanda.

Una vez en España, estos profesionales recibirán el apoyo y acompañamiento de los Servicios Públicos de Empleo y, una vez firmen el contrato, obtendrán un permiso de trabajo y de residencia de un año de duración, siempre renovables.

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Además, el Gobierno apuesta por la contratación colectiva en origen en colaboración con las empresas y con las autoridades nacionales, a fin de facilitar formación y de agilizar la gestión de los trámites, así como por la contratación en origen de candidatos concretos (una opción que se ajusta mejor a las necesidades de las pymes).

Rumí expuso también su intención de fomentar la inmigración circular (aquella que viene por un tiempo determinado) y de atraer talento extranjero. “Ante la ausencia de mano de obra cualificada, nuestra respuesta no puede ser que la empresa cambie de país”, sino “que se quede aquí y pague impuestos aquí”, señaló. "Para eso. necesitamos que vengan migrantes cualificados”, por lo que se necesitan autorizaciones rápidas y garantías legales.

En esta línea, recordó que el último informe del Instituto de Dirección de Empresas y Finanzas (IDEF) estableció que España necesitaría la llegada de 260.000 inmigrantes netos al año hasta 2050 y que "son muchos los informes en esta dirección". "Sabemos que el mercado laboral va a necesitar un complemento migratorio" y "si logramos diseñar una política adecuada esta será ordenada, segura y legal". "Un Gobierno socialista lo hizo posible hace años y un Gobierno socialista lo puede volver a hacer", concluyó Rumí.