Durante la cuarta jornada del juicio por la organización y celebración del referéndum del 1-O, Turull insistió en asegurar que no hubo desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum y destacó que en el artículo 155 de la Constitución no se dice que se pueda cesar a un 'president'.

El exconseller intentó a lo largo de toda la mañana mantener el equilibrio entre lo que entiende como la obligación del Gobierno de la Generaliat de cumplir el compromiso de que “la gente pudiera votar” y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que les ordenaban impedir la consulta ilegal del 1-O.

En ese sentido, insistió en que "convocar el referéndum fue despenalizado de forma expresa. Hay una ley del Congreso, del 2005, que dice que hacer un referéndum aunque no tengas competencias no merece reproche penal. Pues menos mal, porque llevo un año en la cárcel. Esto no supone un desprecio a los tribunales", indicó.

El exresponsable de Presidencia aseguró a preguntas de la Abogacía del Estado sobre las posibilidades reales de un referéndum pactado que “nosotros lo intentamos hasta el último momento. Pero lo que nosotros no podíamos desatender era la voluntad de los ciudadanos". Insistió, además, en que "cuantas más apelaciones al diálogo" hacía la Generalitat, más dura era la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.

Sobre el desvío de fondos públicos para pagar gastos del referéndum, Turull insistió, como ya había hecho en el interrogatorio del fiscal, en que no se gastó dinero público y apuntó que “mucha gente quería colaborar en el referéndum", por lo que “tengo que imaginar” que se sufragó con fondos privados.

En ese sentido, reiteró que la campaña publicitaria del referéndum en TV-3 y en Catalunya Ràdio fue "gratuita" y no tuvo coste alguno para el erario público, pese a que se le mostraron varias facturas que, según dijo, "ni se han pagado ni se van a pagar".